El Gobierno de Melilla propone el Estado un convenio para solventar los problemas del 'cheque-bebé'

El Gobierno de Melilla ha anunciado que elaborará una moción que será presentada ante la Asamblea local para que ésta inste al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte a firmar un convenio de colaboración con la Ciudad Autónoma encaminado a solventar los problemas surgidos en torno al llamado 'cheque-bebé'.

Según ha informado la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, lo que el Gobierno local pretende es que sea el Estado el que, asumiendo sus competencias, aporte el dinero necesario para permitir que las familias mixtas de Melilla también se puedan beneficiar de la ayuda de 2.500 euros por el nacimiento de un hijo, algo que hasta el momento no está ocurriendo.

Esta situación de discriminación que se da en Melilla, asegura Garbín, se debe exclusivamente a un error cometido por el Gobierno socialista a la hora de elaborar la Ley que regula la ayuda, de ahí que considera de justicia que sea el propio Estado el que lo solvente aportando la cantidad que sea necesaria para conceder dicha ayuda también a aquellos matrimonios que tengan hijos y cuya madre sea extranjera y no haya residido de manera legal en la ciudad desde hace al menos dos años. La idea, ha explicado, es que ninguna familia melillense salga perjudicada “por el grave error y por la ineficacia del Gobierno socialista”.

La consejera ha explicado además que a través de dicho convenio, el Gobierno local se comprometerá a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que la ayuda llegue a dichas familias, ya que “consideramos que es la mejor fórmula para que ninguna familia melillense se vea afectada”.

En la actualidad, ha asegurado Garbín, existen en Melilla unas 15 familias afectada por este “error” del Gobierno socialista, con lo que tendrán prioridad a la hora de conceder las ayudas en base al posible convenio.

Por último, María Antonia Garbín ha rechazado públicamente la propuesta del PSOE en la que pedía que fuese el Gobierno local el que aportara el dinero para conceder las ayudas a dichas familias, ya que “lo que no se puede es desarrollar una ley y echar la responsabilidad a la Ciudad Autónoma”.