Garbín asegura que no se entrega documentación a los menores para evitar la "mala utilización"

El Gobierno de Melilla ha asegurado hoy que no entrega documentación acreditativa a los menores extranjeros que están acogidos en la ciudad por la "mala utilización" que se realiza de las credenciales, usadas en ocasiones para facilitar el paso por la frontera a varios niños con una misma tarjeta.

En rueda de prensa, la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, ha querido matizar el escrito remitido por la Oficina del Defensor del Pueblo en el que se considera "contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente" la retirada de la tarjeta de residencia a menores tutelados en Melilla.

Según Garbín, en su misiva, la Oficina del Defensor del Pueblo alude a la legislación de 1992 de protección de entidad ciudadana, que, según la consejera, se refiere a españoles, por lo que se trata de un caso diferente al de los menores extranjeros.

Asimismo, ha precisado que la normativa vigente permite a la Ciudad Autónoma, como entidad tutora de los menores, determinar qué tipo de documentación es la que deben portar los niños hasta que cumplen la mayoría de edad, momento en el que la tutela deja de estar en manos del Ejecutivo melillense.

La responsable del área de Bienestar Social, sin embargo, ha justificado que los menores acogidos no porten documentación alguna, ya que en algunos casos ésta es usada por parte de otras personas para cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla o incluso para viajar a la península.

"Melilla no es la única comunidad en la que esta documentación está en posesión de los tutores, en este caso de la Administración", ha precisado la consejera,

Por ello, el Ejecutivo autonómico ha remitido a la Oficina del Defensor del Pueblo un escrito con una serie de "matizaciones" a su planteamiento inicial y se espera que "pronto" pueda haber un encuentro con miembros de esta entidad y de sus servicios jurídicos para aclarar la situación.

La intervención del Defensor del Pueblo se ha producido después de que en junio de 2007 la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) denunciara que la Consejería de Bienestar Social de Melilla estaba retirando a los menores que tutelaba cualquier documento que pudiese demostrar su identidad o su situación de acogida.

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