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La Ciudad Autónoma no entiende para qué sirve el Ministerio de Vivienda
El consejero de Fomento, Rafael Marín, asegura que las medidas del Ministerio no tienen resultado
Publicada en InfoMelilla el 30 de julio de 2008
El Gobierno de Melilla se ha preguntado hoy para qué sirve el Ministerio de Vivienda, cuyas iniciativas "no están sirviendo para poner freno a un problema que afecta a miles de ciudadanos".
El consejero de Fomento melillense, Rafael Marín, ha comentado a los periodistas que las medidas promovidas por el Ministerio no están dando el resultado que se esperaba de ellas y ha puesto como ejemplo el de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).
Según Marín, cuando se creó este órgano el Gobierno garantizaba a los propietarios de viviendas que se sumaban a esta iniciativa que iban a ser alquiladas y, sin embargo, actualmente hay más de 5.000 viviendas suscritas a la SPA que no se alquilan.
En el caso de Melilla, el consejero ha defendido que el Ministerio "no ha puesto ningún solo ladrillo" en los últimos años, ya que las últimas promociones que se han entregado se han podido construir gracias a dos convenios firmados con el Ejecutivo del PP.
Con el Gobierno socialista hay pactado un acuerdo marco para construir 600 viviendas sociales, aunque de momento no ha habido una respuesta oficial de la Sociedad Estatal de Promoción de Equipamiento del Suelo (SEPES) sobre los terrenos cedidos por la Ciudad Autónoma para poder ejecutarlas.
No obstante, Marín ha recordado que el Ejecutivo autonómico, con fondos propios, tiene previsto realizar otras 600 viviendas en esta legislatura, 150 de las cuales se iniciarán o tramitarán en este año.
El consejero de Fomento ha aludido, además, a que las conversaciones con el Ministerio de Defensa están muy avanzadas para proceder a la cesión de terrenos de antiguos acuartelamientos, por lo que la Ciudad Autónoma contaría con amplias parcelas para edificar.
En concreto, se dispone de tres acuartelamientos, dos de ellos de 70.000 metros cuadrados y el otro de 25.000, de los que uno de los más amplios, el de Santiago, sería cedido a la Administración autonómica.