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La Ciudad Autónoma prepara una demanda judicial para que se publique lista de los planes empleo

Según la consejera de Contratación y Patrimonio asegura la neecsidad de comprobar si existe relación con los votos por correo de las pasadas elecciones generales

Publicada en InfoMelilla el 28 de agosto de 2008

Agencia EFE

Los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla están elaborando una demanda judicial para que la justicia exija a la Delegación del Gobierno que publique la lista de personas contratadas en los planes de empleo de 2008.

En rueda de prensa, la consejera de Contratación y Patrimonio, Esther Donoso, ha insistido en la necesidad de que se haga público el listado de las más de 1.300 personas que han sido contratadas durante seis meses por la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, para comprobar si existe relación con los votos por correo de las pasadas elecciones generales.

La consejera ha sostenido que las justificaciones para no publicar esta lista por parte del director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), Joaquín Arana, son "fácilmente desmontables", ya que "el criterio de antigüedad en el INEM se habrá tenido en cuenta en algunos casos, pero no en todos".

Así, Donoso ha "certificado" que varias personas contratadas en los planes de empleo causaron baja en la Ciudad Autónoma ocho días antes, por lo que "no les ha podido dar tiempo siquiera a inscribirse como demandantes de empleo".

Estos casos "se unen a otros muchos de los que no queremos dar nombres", ha indicado Donoso, quien ha exigido a la Delegación del Gobierno que "diga los criterios que se han seguido y los nombres de las personas que ellos han seleccionado a su gusto y a su manera".

Donoso ha recordado que la Delegación del Gobierno de Ceuta ha publicado "íntegramente" su lista de contratados en los planes de empleo, por lo que ha instado a que en Melilla "tengan la misma limpieza y transparencia".

Asimismo, ha puntualizado que la Ciudad Autónoma sólo reclama el listado de las personas que se han contratado por el régimen genérico y no por el nominativo, ya que este último corresponde a personas en riesgo de exclusión social.