Melilla califica de "beneficencia" las medidas que CPM propone contra la pobreza

El Gobierno de Melilla ha rechazado hoy las medidas que la CPM, principal partido de la oposición, había propuesto para luchar contra la pobreza, y que esta formación había establecido como requisito para apoyar los Presupuestos de la Ciudad Autónoma en 2009 y 2010, al considerar que estas iniciativas corresponden al "concepto antiguo de beneficencia".

En rueda de prensa, el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, ha opinado que las únicas medidas eficaces para luchar contra la pobreza están basadas en la inversión pública y privada y en la creación de puestos de trabajo.

El portavoz ha admitido que se trata de "un proceso lento" que no da frutos de forma inmediata, aunque mientras se producen, se dan ayudas a las personas con necesidades a través de los servicios sociales, lo que ha supuesto que el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social se haya incrementado en ocho años en más de 17 millones de euros.

Conesa ha recordado que con el Gobierno de Mustafa Aberchan, en el año 2000, el área de Bienestar Social contaba con un presupuesto de 7,41 millones de euros, aunque en la actualidad se ha elevado por encima de los 25 millones de euros.

Esta Consejería se ofrece en la actualidad una gran variedad de subvenciones, que van desde la compra de medicamentos y pañales a las ayudas de emergencia y becas.

Según Conesa, la línea que sigue el Gobierno de Melilla para luchar contra la pobreza está basada en el proverbio de que no hay que dar peces, sino enseñar a pescar, ya que "no se puede vivir de la beneficencia, que es su forma de entender la política, basada en el 'si me votas, te doy'".

La Coalición por Melilla (CPM) propuso ayer eximir a la población que vive bajo el umbral de la pobreza de pagar por el suministro de agua, luz, gas y transporte público y concederle un cheque-ayuda para que sus ingresos se eleven por encima de los mil euros, lo que supondría un esfuerzo inversor de 12,6 millones de euros.

El portavoz de la Ciudad Autónoma ha criticado estas medidas porque no se podrían llevar a cabo legalmente desde el punto de vista administrativo, y ha afirmado que su coste se elevaría a los 46 millones de euros.