El Estado otorga más de 3,5 millones de euros a Melilla para sufragar el servicio de acogida y atención a los menores extranjeros

El ministerio de Trabajo e Inmigración otorga a la Ciudad Autónoma de Melilla más de 3,5 millones de euros para sufragar el servicio que ofrece de acogida y atención a menores extranjeros no acompañados.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en la ciudad, esta dotación presupuestaria viene acompañando a un convenio que el Ministerio y la Ciudad han firmado y por el que el Gobierno local también se compromete a aportar más de 1 millón de euros para invertir en el mismo servicio.

El convenio, firmado por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y por la consejera de Bienestar Social de Melilla, María Antonia Garbín, tiene como objeto establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad con el fin último de mejorar la atención en los centros de menores extranjeros no acompañados que se encuentren en territorio melillense.

En este sentido, el Ejecutivo central se compromete a aportar a la Ciudad Autónoma los fondos necesarios para llevar a cabo una atención inmediata y acogida de estos niños y adolescentes a través de la provisión de servicios de alojamiento y de cuidados adecuados a las características y necesidades específicas de todos ellos.

Del mismo modo, se les dotará de la información, orientación y apoyo psicosocial del menor, su escolarización y/o su inserción profesional mediante la disponibilidad de personal debidamente cualificado.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo prestará también la asistencia técnica que la ejecución del convenio requiera, facilitando para ello el asesoramiento pertinente y la información necesaria. De igual manera, se apoyarán las actuaciones llevadas a cabo por la Ciudad de Melilla y se promoverá el intercambio y difusión de cuanta información, conocimientos y experiencia se posea para la mejor atención a los menores y la adecuación de los recursos a las necesidades de cada momento.

Por último, la Delegación del Gobierno recuerda que el convenio se ampara en los principios constitucionales sobre la obligación que tienen los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en especial, de los menores de edad. De acuerdo con este principio y con la Convención de Derechos del Niño que desarrollan las leyes españolas, todos los menores de 18 años de edad que se encuentren en territorio nacional tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, primando el interés el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

“El Gobierno de España da así cumplida respuesta a las necesidades económicas de la Ciudad Autónoma derivadas de los gastos de mantenimiento y asistencia de los menores extranjeros no acompañados”, ha dejado claro.