El Gobierno central puntúa con un “progresa adecuadamente” la reforma de los estatutos de autonomía que se encuentran en marcha

El Gobierno central ha puntuado con un “progresa adecuadamente” la reforma de los estatutos de autonomía de aquellas comunidades que se encuentran inmersas en el proceso, como es el caso de Melilla. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, quien ha hecho un balance de la situación autonómica cuando se llega al ecuador de la legislatura y faltan dos años para la próxima cita electoral.

Zarrías ha recordado que cinco comunidades tienen abiertos sus procesos de reforma estatutaria -Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia, Extremadura y Canarias- además de la ciudad autónoma de Melilla, tras cerrarse, en la anterior legislatura, las de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Castilla y León.

De ellas, algunas se han quedado en el camino, como la de Canarias, que después de aprobarse en su Parlamento, con el respaldo de CC y PSOE y el voto en contra del PP, en su tramitación en el Congreso de los Diputados se cambiaron las alianzas y la Cámara autonómica decidió retirarlo en diciembre de 2007. Ninguna nueva propuesta ha entrado en el Congreso.

También pasa por dificultades la tramitación del de Castilla-La Mancha, donde el PSOE y el PP aprobaron un texto en las Cortes regionales en enero de 2007, que preveía reducir los trasvases del Tajo al Segura y su supresión en 2015.

La actitud de los diputados del PP de Murcia y de la Comunidad Valenciana, que se oponen rotundamente a esta posibilidad, ha enredado la negociación en la Ponencia del Congreso que estudia esta reforma.

A pesar de estas dificultades en la legislatura autonómica, para el Gobierno, se han producido importantes avances con las autonomías que sí han reformado sus Estatutos, especialmente en los traspasos -el último un acuerdo para las Cercanías ferroviarias en Cataluña- y otros se negociarán intensamente como es el caso de la gestión del Duero, en Castilla y León.

Sobre estas reformas planea la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional con el Estatuto de Cataluña, ya que el resto de textos modificados tienen artículos prácticamente idénticos al catalán.

Otra gran decisión que falta por desarrollar es el nuevo modelo de financiación autonómica, apuntada en alguno de esos Estatutos para sus territorios y que es el gran "caballo de batalla" de esta legislatura, donde los presidentes autonómicos se alían más por intereses territoriales que por colores políticos.

Además, en estos dos años ha habido un descenso considerable en la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas, con 28 impugnaciones ante el Constitucional en lo que va de año, frente a los 75 casos de la legislatura anterior.

Otro dato que ha ofrecido el Gobierno es que en los años ochenta había más de 100 conflictos anuales ante el Constitucional, en los noventa más de 40 y actualmente no llegan a 20.

A juicio de Zarrías, estos datos quieren decir que el diálogo, la cooperación y la negociación entre el Estado y las comunidades autónomas está dando "buenos resultados", ya que se han podido encontrar soluciones negociadas sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional.