¿Estamos preparados para controlar la inmigración?

Concedamos que el tema es espinoso y delicado, porque siempre hay un componente de injusticia, desarraigo y pobreza que lo dignifica y que hace que tratarlo con el realismo necesario parezca que entraña, de por si, una falta de solidaridad, un despego emocional o una dureza de corazón que combinan raramente con el carácter español que, otros defectos tendrá, pero que siempre se muestra sensible a los casos de injusticia que con tanta prodigalidad nos muestra la humanidad. No obstante, cuando se quiere hacer de la inmigración bandera de una determinada opción política, cuando la demagogia busca en los sentimientos del pueblo su medio para influir en las personas tratando de conseguir réditos electorales de unas pobres personas que, inducidas por informaciones falsas sobre nuestro país, huyendo de naciones que, en teoría, se han aplicado la calificación de democracias pero que, en realidad, no son más que hervideros de corrupción, sometidas al poder de tiranos guerreros que cimientan su poder en someter por la fuerza a aquellos que se les oponen y en exterminar cualquier rescoldo de libertad que pudiera perjudicar sus ambiciones personales; deberemos reconocer que quienes de ello se benefician no son más que politicastros advenedizos e interesados. Por ello siempre hemos criticado la famosa regularización del señor Caldera, un paso poco meditado y evidentemente imprudente, fruto de la necesidad del Gobierno de dar muestras de una “generosidad de miras” que, como luego se ha demostrado, no estaba en consonancia con las verdaderas necesidades de la nación española ni respecto a nuestra capacidad de acogida de extranjeros.

Lo cierto es que la pasividad de las autoridades aduaneras, la libertad de circulación de personas por la Comunidad Europea y los coladeros de Canarias y Marruecos han hecho que los inmigrantes nos invadieran en número muy superior al que pudiéramos pensar y, por supuesto, superior a las necesidades de mano de obra del país; con la agravante de que, los que han llegado, en muchos casos, lo han hecho sin tener un trabajo contratado de antemano, sin una especialidad que los hiciera útiles a la industria nacional y, por desgracia, en demasiadas ocasiones, en mayor número de lo que hubiéramos deseado, trayendo a España una cultura de la delincuencia, unos hábitos criminales y unos extremismos de índole terrorista que nunca nos hubiéramos podido figurar que pudieran existir en nuestras tierras que, si de algo pecaban, era de los famosos crímenes pasionales, de algunos hurtos y de mucha picaresca, un delito que, a través de los siglos, fue considerado como algo perdonable e inofensivo, motivado fundamentalmente por la miseria que, en muchas de nuestras regiones, tuvo caracteres de endémica.

Ahora, cuando España está sumergida en una grave crisis económica a la que acompaña una crisis de ideas y una, todavía peor, de moral y ética colectivas; esta sobrecarga de población, esta masa ingente que pudiera rondar los cuatro millones de personas se ha convertido en una carga incalculable para todas las instituciones, empezando por la Sanidad que se ve desbordada e incapaz de atender debidamente a tanto número de consultas y siguiendo por la Seguridad Social que, en momentos en que las bajas de cotización se hacen cada vez más evidentes y preocupantes, resulta que ha de soportar un desempleo muy superior al que pudiera haber esperado, debido al gran número de inmigrantes que se han quedado sin ocupación y, por si fuera poco, en muchos casos sin derecho alguno o muy limitado al percibo de la prestación por desempleo.

El derecho a los reagrupamientos familiares ha agravado aún más la situación y la falta del control debido ha permitido que con tal excusa la inmigración de personas que se “han colado” en España por tal método ha convertido una medida razonable en un medio más para que nuestras instituciones asistenciales se hayan visto obligadas a soportar una carga adicional por tal concepto. Pero el hecho cierto, y lo vemos constantemente en las noticias que nos llegan desde Canarias y otros lugares de la península cercanos a Marruecos, es que no cejan de llegar nuevos contingentes que, en el mejor de los casos, son repatriados cuando los pueden detener pero, por desgracia, esta práctica está ocasionando, entre los que intentan la aventura, un número de muertos que parece imposible que se pueda permitir, especialmente desde los países de origen, los máximos interesados en descargarse de personas que allí no tiene medios de subsistencia.

Por eso resulta risible este pudor del ministro de Interior, señor Rubalcaba, cuando balbucea excusas incongruentes respecto a una orden de captura y expulsión de inmigrantes sin papeles. Habla el ministro de distinción entre los que tengan causas criminales y los que no, olvidándose que todo inmigrante que no haya entrado en España con los papeles en regla ya es un presunto delincuente y, por ello, se le ha de detener y deportar sin más contemplaciones. Por supuesto que hay que luchar contra las mafias y los negreros que se aprovechan de estas pobres gentes, pero tampoco se puede consentir que nuestro país sea el país de toda Europa que más masa de inmigrantes está soportando y, en parte como consecuencia de ello, el que ostenta el récord de toda la UE en cuanto al número de desempleados (prácticamente el doble de ellos).

Es obvio que las consecuencias de este error del gobierno socialista todavía no se han mostrado en toda su verdadera dimensión y será, si Dios no lo remedia, en los meses próximos cuando de verdad quede en evidencia el hecho lamentable paro difícil de evitar de que muchos de los desempleados, especialmente inmigrantes, dejen de cobrar el subsidio y se queden sin ningún medio de vida ni posibilidades de obtener un empleo. Los avisos que ya nos llegan de Europa nos alertan de la posibilidad de que estas gente se conviertan en verdaderos problemas para el orden público y que la delincuencia aumente de forma sensible, especialmente los delitos contra la propiedad y contra las personas. Alguien le debería pedir cuentas al gobierno del señor Rodríguez Zapatero sobre estos extremos y exigirle que ya que nos metieron en este embrollo sean ellos, los del PSOE quienes se ocupen de solucionar la situación en la que nos metido a todos los españoles. Ahora les toca demostrar que saben gobernar y hacer frente a las consecuencias de sus propios actos cuando llega el momento de afrontarlas.

Miguel Massanet Bosch