Garbín reclama al Estado el desarrollo del convenio de cogestión del IMSERSO y pide el inicio de las gestiones para transferir las competencias

La consejera de Bienestar Social de Melilla, María Antonia Garbín, ha reclamado públicamente la puesta en marcha y el desarrollo del convenio de cogestión del IMSERSO que la Ciudad Autónoma firmó en el año 2007 con el Ministerio de Administraciones Públicas, una petición que ha llevado a cabo tras comprobar que en el Gobierno central “no están capacitados para sacar adelante temas de asuntos sociales y de traer más inversiones a la ciudad”.

Garbín, que ha pedido lo mismo para el convenio en Políticas Activas de Empleo, ha recordado que el acuerdo otorgaba el nombramiento de los directores territoriales a la Ciudad Autónoma, algo que hasta ahora no se ha cumplido y que reclama de manera inmediata.

Pero la petición de la consejera de Bienestar Social no ha quedado ahí, sino que ha ido más allá solicitando el inicio del proceso para la transferencia de las competencias en materia de Asuntos Sociales “porque está visto y comprobado que no son capaces de hacer nada novedoso e importante para Melilla”.

Y es que si algo tiene claro Garbín es que el delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, “no ha hecho tarea” en lo que al Presupuesto General del Estado (PGE) se refiere, ya que “debería haber trabajado más para obtener más recursos para la Ciudad Autónoma”.

En este sentido, la consejera de Bienestar Social ha criticado el hecho de que Escobar esté hablando constantemente de pensiones o ayudas al desempleo como si se tratara de inversiones cuando no lo son, en lugar de haber propiciado la inclusión en los PGE de partidas para proyectos importantes previstos para la ciudad, como el nuevo centro de discapacitados físicos en la antigua residencia de Polavieja que, aunque ya tiene acabado el proyecto, sigue sin dotado económicamente.

Para finalizar, María Antonia Garbín ha recordado que la Ciudad Autónoma sigue, a día de hoy, haciéndose cargo de casi el cien por cien de los gastos en políticas sociales, ya que del total de convenios firmados con el Estado por valor de 9 millones de euros, “tan sólo nos han ingresado 900.000 euros”.