Miguel Marín espera que Chaves abra una nueva etapa en las relaciones con Melilla

El vicepresidente primero del Ejecutivo de Melilla, Miguel Marín, ha expresado hoy su confianza en que la llegada de Manuel Chaves al Gobierno abra una nueva etapa en las relaciones entre ambas administraciones, tras cinco años de diálogo institucional que ha calificado de "poco sincero".

En su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, en la que ha comparecido Chaves, el vicepresidente melillense ha señalado que la visita del vicepresidente tercero del Gobierno a la ciudad autónoma puede suponer un "punto de inflexión" para abrir un "diálogo institucional leal y sincero".

No obstante, y como ejemplo de la "falta de lealtad" del Gobierno con Melilla, Marín ha citado el incumplimiento de los convenios de colaboración suscritos entre ambos gobiernos en áreas tan importantes, ha señalado, como las políticas activas de empleo o las políticas sociales.

"Nos sentimos sinceramente defraudados, engañados, y tenemos la esperanza de que a partir ahora con esa buena predisposición que ha mostrado Chaves consigamos establecer nuevos lazos de comunicación para que se resuelvan muchos de los problemas planteados en la Ciudad", ha añadido.

En cuanto a la nueva ley de financiación autonómica, Marín ha expresado los principios básicos que, a su juicio, debe tener el nuevo sistema, entre los que ha destacado la solidaridad interterritorial.

"No debemos permitir que existan privilegios de unas comunidades sobre otras", ha subrayado el vicepresidente, quien ha defendido que el nuevo modelo contemple "las características y singularidades de cada una de las comunidades y ciudades autónomas".

En el caso de Melilla, ha proseguido, deberá tener en cuenta la extrapeninsularidad, su situación como zona fronteriza, la inmigración, la elevada tasa de paro, singularidades que "deberán ser atendidas y reflejadas -ha dicho- en esa nueva ley".

Una ley que, en opinión del vicepresidente de Melilla, deberá recoger y establecer que los españoles, independiente de donde residan, deben tener los mismos derechos y el mismo acceso a los servicios públicos.