Ojeda pide explicaciones a Antón sobre su directriz de ser “tolerante con las multas estas fechas”

Cerca de 600.000 euros, unos cien millones de las antiguas pesetas, es lo que ha recaudado la Consejería de Seguridad Ciudadana este año en concepto de multas a los ciudadanos. Unas sanciones que ha causado malestar entre los melillenses y que ha llevado al titular de la Consejería, Ramón Antón, a asegurar que ha dado directrices para que durante estas fechas se sea “más tolerante”.

La diputada del Grupo Socialista Mari Paz Ojeda comparecía ayer en rueda de prensa precisamente para pedirle explicaciones a Antón sobre esta cuestión y le exigía que diese cuenta sobre qué directrices se han dado y si dichas instrucciones han sido las mismas para los agentes de la Policía Local y de Movilidad.

La diputada socialista se hizo eco de las quejas de los ciudadanos sobre el “afán recaudatorio” que se observa en las actividades de la Policía Local y los agentes de Movilidad, que son muy rigurosos incluso en las paradas momentáneas, pero insistió en que a su Grupo no le ha quedado “nada claro” qué ha querido decir.

“Nuestro Grupo no entendería que hubiese una normativa escrita y, por otro lado, unas instrucciones verbales que estuvieran produciendo en un colectivo de empleados públicos unas circunstancias en las que no tengan claras cuales sus funciones”, señaló.

Por ello, insistió en que a los socialistas les gustaría que fuese el propio cconsejero el que explicase cuáles han sido esas directrices, así como que diese cuenta del volumen de sanciones y multas que se han puesto estos últimos 6 meses y cuántas de ellas han sido puestas por la Policía Local y por los Agentes de Movilidad, “vaya a ser que haya dado diferentes instrucciones de trabajo en función de las categorías profesionales”. “Si fuese se estaría creando una confusión entre los empleados públicos y entre los propios ciudadanos de Melilla”, argumentó.

Ojeda aseguró que el Grupo Municipal del PSOE lleva observando un afán recaudatorio en materia de sanciones, “que, cuando se nos trasladan los datos económicos concretos confirmamos que son ciertos”.

Por ello, y, a raíz de las revocaciones en los Tribunales “de un importante número de multas”, el consejero “tiene mucho que explicar en cómo se está gestionando su Consejería y hasta dónde llegan sus facultades y si verdaderamente están creando una distorsión y una falta de seguridad en los propios empleados públicos”, concluyó.