UPyD cree que los folletos sobre servicios sociales de Bienestar Social son propaganda encubierta

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha considerado hoy que la campaña informativa que está llevando a cabo la Consejería de Bienestar Social de Melilla mediante el envío de folletos sobre los servicios sociales que presta es "una propaganda institucional encubierta pagada con dinero público".

En rueda de prensa, el coordinador territorial de UPyD en Melilla, Emilio Guerra, ha preguntado al Gobierno autónomo cuánto ha costado esta campaña informativa y por qué se ha elegido este momento para llevarla a cabo, en plena campaña electoral.

Guerra ha lamentado que "pronto empezamos con los trucos y las malas artes", y ha querido saber "si nos vamos a encontrar con muchas irregularidades otra vez" en periodo electoral.

Asimismo, ha realizado un llamamiento dirigido a los grupos de la oposición, PSME-PSOE y Coalición por Melilla (CPM), a los que ha acusado de hacer dejación de funciones en su labor fiscalizadora de la gestión del Gobierno porque "sólo piensan en Obama y se las están colando por todas partes".

"Echamos de menos ese trabajo eficiente que deben hacer", ha reprochado Emilio Guerra a los grupos de la oposición, al tiempo que ha dudado de las políticas sociales del Gobierno local "cuando aún están contando pobres", en alusión al estudio sobre el índice de pobreza de Melilla que se comprometió a hacer a finales del año pasado.

Además, Guerra ha arremetido contra la gestión de la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, a la que ha criticado porque "no deja de tener problemas con el Defensor del Pueblo" sobre los centros de acogida de menores, gestionados por "ONG amigas, en un claro ejemplo del nepotismo imperante de la Ciudad Autónoma".

Otra de las políticas sociales que ha puesto en duda el dirigente local de UPyD ha sido la construcción de VPO, de las que ha dicho que "no son sociales mientras no se destinen el 100% al alquiler".

En este sentido, Guerra ha recordado que hay muchas familias que no pueden acceder a una VPO de propiedad por la falta de recursos económicos para pagar una entrada, o por las escasas posibilidades de que una entidad bancaria les conceda un préstamo hipotecario.