UPyD presenta una enmienda a la totalidad de la Ley de Financiación Autónomica

Unión, Progreso y Democracia ha presentado en días pasados una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas, proponiendo el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

El coordinador melillense de la formación de Rosa Díez manifestó que son diversos los motivos argumentados en la exposición, comenzando por discrepancias con el método –biteralidad- mantenido en la negociación y cambios que implicarán un mayor déficit y mayor deuda pública, lo que generará el aumento de la presión fiscal.

UPyD considera que, una vez más, no ha funcionado la “corresponsabilidad fiscal”. Cuando las CCAA necesitan más recursos, no recortan gastos o intentan obtenerlos con sus medios dentro del sistema pactado, sino que recurren a una reforma del sistema para que la administración central se los ceda.

Llama la atención en el partido de Rosa Díez, el alto porcentaje de los nuevos recursos (3 800 millones de 11 000, un 34.5%) destinados a Cataluña, cuando se trata de una de las regiones más ricas y toda España padece una grave crisis económica.

UPyD opina que la reforma únicamente debería haber tenido en cuenta el incremento de la población que la inmigración ha provocado en algunas Comunidades, calcular el mayor gasto que supone (en servicios sociales, sanidad, educación…) y compensarlas por esas cantidades, introduciendo un mecanismo de revisión de la población automático, pero sin cambiar más que en eso el modelo existente.

Por último, los upedistas consideran que los desequilibrios territoriales deben corregirse a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), como prevé la Constitución y la pérdida de fondos europeos aconseja. Para ello, UPyD reclama el aumento de los recursos del FCI hasta llegar a dotarlo con 4.000 millones de euros.

De igual modo, en el debate de los PGE, Rosa Díez ha solicitado un aumento en la cuantía mínima de las pensiones, ya que a su juicio el gobierno no tiene en cuenta el 1% previsto de inflación que tendrá que soportar este colectivo.