Caamaño defiende el derecho de los inmigrantes a los abogados de oficio

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido hoy el derecho de todos los ciudadanos extranjeros que llegan a España, "tengan o no papeles", a la asistencia jurídica gratuita aunque, si luego se demuestra que tienen ingresos, se adopten las medidas precisas para reintegrarlo al tesoro público.

Así se ha referido el ministro a la denuncia que ha hecho ante el Defensor del Pueblo el Colegio de Abogados de Melilla sobre lo que considera una discriminación y una vulneración de un derecho fundamental respecto a los inmigrantes marroquíes en procesos de devolución.

Según ha explicado a Efe el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita de la ciudad autónoma acordó exigir a los inmigrantes marroquíes en supuestos de devolución documentación de su país que acredite su situación económica con lo que, de hecho, "se imposibilita absolutamente el beneficio de asistencia jurídica gratuita".

Esta comisión está integrada por representantes de la Fiscalía, la Delegación del Gobierno, la Abogacía del Estado, el Colegio de Abogados y un procurador, de los que los dos últimos se mostraron en contra del acuerdo, ha señalado Imbroda, quien ha indicado que este criterio se aplica desde principios de 2009 a estos inmigrantes, que son devueltos a Marruecos con prohibición de entrada.

Por ello, el Colegio de Abogados de Melilla presentó una queja ante el Defensor del Pueblo y estudia recurrir judicialmente el asunto.

El titular de Justicia se ha referido a la decisión "restrictiva" adoptada por la citada comisión sobre la asistencia jurídica gratuita y ha confiado en que se resuelva la cuestión que, ha garantizado, se estudiará con detalle en el ministerio.

No obstante, ha dejado claro que "a los ciudadanos extranjeros que llegan a España hay que facilitarles el derecho de asistencia jurídica" ya que "son personas, tengan o no papeles".

"Hay que partir siempre de la presunción de que alguien que reclama algo y no tiene documentación, lo primero que tiene que tener es derecho a un abogado y, si no tiene recursos, a que el Estado se lo facilite".

Respecto a la postura de la Abogacía del Estado, el ministro ha explicado que lo que se pide es que posteriormente se pueda aportar la documentación pedida y si "consta cabalmente que tiene ingresos, que pueda acreditarlo".

En el escrito sobre este asunto remitido al Defensor del Pueblo, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, rechaza cualquier tipo de discriminación por razón de nacionalidad.

Explica que la comisión de asistencia jurídica gratuita de Melilla acordó el pasado año como criterio general que los extranjeros no residentes debían acreditar su capacidad económica en el país de nacionalidad o residencia, presentando una documentación mínima que demuestre que carece de recursos económicos para litigar.

Con ese acuerdo, señala el abogado del Estado, en el que -precisa- no se hace referencia alguna a los marroquíes, se trata de evitar la "proliferación masiva" de procesos judiciales en los que la intervención de abogado "no se corresponde con la existencia de un efectivo interés" en el proceso de la persona defendida.

Así, asegura, en Melilla son frecuentes los procesos sobre extranjería en los que "el teórico representado" -con documento de identidad marroquí- "cruza todos los días la frontera con Marruecos para trabajar y luego regresar, sin que la resolución del proceso le afecte".

Por ello -dice la Abogacía del Estado- el acuerdo se limita a excluir de la acreditación de insuficiencia de recursos a los que se encuentran en centros de internamiento por ser obvio que no realizan un trabajo remunerado.

El Colegio de Abogados de Melilla considera por el contrario que la situación económica debe acreditarse con documentación de España.