Conesa dice que la eliminación de la Delegación y de los arquitectos de la Comisión de Patrimonio es una “actuación soberana y legítima de la Ciudad"

Tras la polémica surgida ante la decisión del Gobierno de Melilla de retirar de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico a los representantes de la Delegación del Gobierno y del Colegio de Arquitectos, el portavoz del Ejecutivo local, Daniel Conesa, ha querido dejar claro en primer lugar que, al tratarse -la Comisión- de un órgano encargado de cumplimentar las competencias de protección del patrimonio que son exclusivas de la Ciudad Autónoma, corresponde a la propia administración local regular su funcionamiento de la manera que considere “más conveniente y eficaz”, que ha sido en este caso, ha dicho, modificar el reglamento para eliminar la representación de la Delegación del Gobierno y del Colegio de Arquitectos.

Conesa ha dejado claro que se trata de una “actuación soberana y legítima de la Ciudad Autónoma en el ejercicio de sus competencias”, por lo que considera que el delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, “no tiene nada que ver en la cuestión”, máxime cuando es “un señor que se ha cargado la Comisión interinstitucional que había creada para poner en macha planes de empleo en la que participaba la Ciudad Autónoma aportando dinero, ha cesado al secretario general de la Delegación del Gobierno, se ha cargado a todos los delegados provinciales de Educación”.

Respecto al Colegio de Arquitectos, el portavoz del Gobierno ha explicado que con su eliminación de la Comisión de Patrimonio se han solucionado dos problemas. Por un lado, se ha resuelto el agravio comparativo que hasta el momento existía con los arquitectos técnicos, un gremio que igualmente podría haber participado en la toma de decisiones del órgano, y por otro lado se ha evitado cualquier situación de incompatibilidad de tipo profesional que pudiera darse, ya que existen arquitectos locales que pueden tener determinados intereses “legítimos” en la construcción o rehabilitación de edificios que trata la propia Comisión de Patrimonio.

Además, el portavoz del Gobierno también ha querido dejar claro que ni la presencia de la Delegación del Gobierno ni la del Colegio de Arquitectos otorga una mayor transparencia ni da más calidad a las decisiones que se toman en la Comisión, porque además ello “supondría poner en tela de juicio la honorabilidad y imparcialidad de los técnicos de la CA que allí toman decisiones”.