Local · Política
UPyD.
Guerra considera que la polémica de las multas es 'un ridículo espantoso y un escándalo nacional'
El coordinador de Unión, Progreso y Democracia considera que semejante “varapalo jurídico” debería tener consecuencias políticas".
Publicada en InfoMelilla el 15 de abril de 2010
InfoMelilla.com
“Un ridículo espantoso y un escándalo a nivel nacional”, así ha calificado el coordinador de Unión, Progreso y Democracia al ejecutivo de Juan José Imbroda, al respecto de la reciente sentencia del TSJA que les obliga a devolver el dinero de las multas de tráfico, expedidas en la ciudad desde el año 2006 al 2009, por considerar su reglamento como ilegal en algunos de sus artículos.
Emilio Guerra considera que semejante “varapalo jurídico” debería tener consecuencias políticas, ya que denota la absoluta “incompetencia e incapacidad” de quienes han permitido y tolerado la aplicación de un reglamento de infracciones de tráfico con “vicios e irregularidades de bulto”, a pesar de ser denunciado varias veces por la oposición, dijo.
Desde la formación magenta, se pide la urgente comparecencia de Imbroda para “dar la cara” y explicar a la ciudadanía “semejante fiasco”, así como las medidas que piensa adoptar su gobierno al respecto de los procedimientos sobre las devoluciones y cual será la cuantía o merma que tendrán las arcas públicas, que el upedista calcula en casi cinco millones de euros, preguntándose también, si el ejecutivo de Imbroda tiene la intención de recurrir la sentencia y “endosar el paquete” de la deuda a futuros gobiernos. El “mutismo y secretismo” con el que llevan el asunto, subrayó Guerra, indica “el nulo interés que tienen por subsanar y afrontar la enorme metedura de pata, que está causando el hazmerreír de todos”.
El representante del partido de Rosa Díez cree que Imbroda y su gobierno, están cometiendo demasiados errores que producen la alarma y desconfianza entre los melillenses. “Se amparan en una impunidad intolerable con una arrogancia alevosa”, finalizó el líder de la formación magenta, que considera obligada la correspondiente información a los melillenses afectados y a la ciudadanía en general.