La administración central cifra el seguimiento de la huelga en un 3,65 por ciento, mientras que los sindicatos hablan de un 80 por ciento

Como viene siendo habitual en casos como éste, la huelga de empleados públicos convocada hoy martes por los sindicatos ha estado precedida por un baile de cifras y datos, ya que mientras la administración central calcula que el paro ha sido secundado el 3,65 de los empleados públicos estatales y la administración local lo ha situado en un 0,6 por ciento, los sindicatos aseguran que ha sido seguido por cerca del 80 por ciento de los empleados convocados a la huelga.

Según un comunicado remitido por la Delegación del Gobierno, el número de empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado en Melilla que ha secundado el paro asciende a 72 de un total de 1.972 trabajadores que tenían reconocido el derecho a la huelga entre los turnos de noche y mañana.

Sea como fuere, la jornada de paro está transcurriendo con absoluta normalidad en Melilla en este día en el que los empleados públicos están ejerciendo su derecho constitucional a la huelga o al trabajo para quienes hayan decidido no sumarse a la misma.

Desde la administración se ha destacado el grado importante de madurez democrática de la ciudad y del país y, en concreto, de los empleados públicos al no registrarse incidentes significativos a lo largo de este día de paro, “lo cual es motivo de satisfacción”.

Por otra parte, tanto la Delegación del Gobierno como los sindicatos han coincidido en destacar el cumplimiento sin excepciones de los servicios mínimos acordados, estableciéndose así una garantía para el normal funcionamiento de la atención a los ciudadanos.

Del mismo modo, se ha señalado el escrupuloso respeto del Gobierno, más allá de cualquier diferencia, a las organizaciones sindicales convocantes y a los empleados que hayan decidido secundar esta convocatoria, a pesar de no compartir las razones de la misma, desde el convencimiento de preservar este derecho constitucional fundamental. Desde la Delegación también se asume el compromiso de asegurar, de igual forma, el ejercicio de sus derechos de aquellos que hayan decidido no seguir el paro y acudir a sus puestos de trabajo.

Por último, la Delegación del Gobierno ha reconocido el trabajo de los empleados públicos y su contribución para poder disponer de una Administración “que sirve a los intereses de los ciudadanos, conscientes de que las decisiones que se han tomado han sido difíciles y dolorosas para el Gobierno, pero que entendemos imprescindibles para el objetivo de reducir el déficit público y hacer frente a las consecuencias de la crisis global que nos afecta”.