La Asamblea Melilla aprobará el día 17 un convenio con el Ministerio de Defensa sobre la cesión de cuarteles

La Asamblea de Melilla celebrará el próximo 17 de marzo un pleno extraordinario para aprobar un convenio entre con el Ministerio de Defensa, en virtud del cual se repartirán los terrenos de tres antiguos acuartelamientos, cuyas unidades han sido reagrupadas en la nueva Base Militar Alfonso XIII.

Según este convenio, el acuartelamiento 'Primo de Rivera' quedará en manos del Ministerio de Defensa, al igual que el cuartel 'Gabriel de Morales' y el 15 por ciento del acuartelamiento de Santiago, cuyo 85 por ciento restante será para la Ciudad Autónoma.

Este convenio ha sido ya aprobado por el Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno de Melilla.

No obstante, aún queda un último trámite administrativo, que es la aprobación definitiva del convenio por la Asamblea de Melilla, una vez superado el periodo de exposición pública.

En rueda de prensa, el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, ha explicado hoy que el pleno de la Asamblea debatirá este asunto el día 17 de marzo, momento en el que el Gobierno de Melilla deberá proceder a la realización de un planeamiento urbanístico para recalificar los terrenos, de modo que se pueda construir en ellos.

Finalmente, será el Ministerio de Vivienda el que tendrá que dar el visto bueno a dicho planeamiento, ya que la Ciudad Autónoma carece de las competencias urbanísticas tras serles retiradas en 1999, coincidiendo con la llegada del GIL a Melilla.

Conesa ha reiterado la voluntad de la Ciudad Autónoma de ceder al Estado parte de los terrenos que le corresponderán en virtud de este convenio para que se puedan construir viviendas sociales.

El portavoz ha recordado que la Ciudad Autónoma ya ha colaborado con el Estado en este sentido cediéndole terrenos para la construcción de un colegio y un instituto, la ampliación de la Jefatura Superior de Policía, y la reubicación del Conservatorio de Música, la Escuela de Adultos y la Escuela Oficial de Idiomas.

También ha insistido en que la Administración local ofreció dos terrenos para que el Estado construyera viviendas sociales, aunque fueron rechazados por el Ministerio de Vivienda al considerar que no eran urbanizables.