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Tiempos de crisis.
Los Gobiernos autonómicos de Melilla y Ceuta debaten sobre el concepto del IPSI
Este análisis del Impuesto sobre Producción, Servicios e Importación (IPSI) no se refiere única y exclusivamente a una posibilidad de bajada de los tipos impositivos.
Publicada en InfoMelilla el 23 de noviembre de 2010
El concepto del IPSI como impuesto es una de las cuestiones que se tratará en el encuentro que hoy mantienen en Málaga las delegaciones de los Gobiernos autonómicos de Ceuta y Melilla, encabezadas por sus respectivos presidentes, Juan Jesús Vivas (PP) y Juan José Imbroda.
Este análisis del Impuesto sobre Producción, Servicios e Importación (IPSI) no se refiere única y exclusivamente a una posibilidad de bajada de los tipos impositivos sino a poner en común una reflexión que desde hace tiempo preocupa a los dos gobiernos autonómicos, según han informado fuentes del Gobierno ceutí.
La reflexión se produce como consecuencia de los planteamientos que en varias ocasiones han reflejado los empresarios de Ceuta y Melilla al entender que se trata de un impuesto que es injusto, porque mientras el pago del IVA luego en la mayor parte de las ocasiones revierte nuevamente lo mismo no sucede con el IPSI que se aplica tanto en Ceuta como en Melilla.
Desde el punto de vista del empresariado ceutí se debería buscar una fórmula distinta que fueran más justa para todos, aunque, de todas maneras, plantean que si al final se produce una entrada en la Unión Aduanera, este impuesto específico de Ceuta y Melilla desaparecía a favor del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), según fuentes del colectivo empresarial.
La decisión de solicitar o no la entrada en la Unión Aduanera será igualmente otro de los puntos que se abordarán en este encuentro de Málaga porque tanto el Gobierno de Vivas como el Gobierno de Imbroda ya se han pronunciado en varias ocasiones a favor de dar este paso que sería, indudablemente, esencial en el futuro de la economía de ambas ciudades.
Para ello sería necesario que los dos ejecutivos lo hiciera llegar a la Administración General del Estado, porque es el Gobierno de España quien está obligado a presentarlo ante las instituciones comunitarias.