Marín acusa al Estado de haber engañado al Gobierno local durante 3 años en relación a la cesión del inmueble de Sanidad Exterior

El consejero de Fomento de Melilla, Rafael Marín, ha acusado a la Administración General del Estado (AGE) de haber estado engañando a la Ciudad Autónoma durante tres años en relación a la cesión de unos terrenos que el Gobierno local había solicitado el Estado para la construcción de viviendas sociales.

Según ha explicado Marín, la primero vez que el Gobierno melillense trató el tema con la Delegación del Gobierno fue en agosto de 2007 mediante un escrito en el que se solicitaba la cesión gratuita del inmueble de Sanidad Exterior ubicado en uno de los extremos de la manzana de 'Isla de Talleres'. En el escrito se especificaba que el destino de dicho terreno, que se uniría a otros dos terrenos colindantes propiedad municipal y privada, iba a ser la construcción de 25viviendas sociales.

Esta carta obtiene respuesta en septiembre de 2007 a través de un escrito de la Delegación del Gobierno donde se deja claro que el inmueble, propiedad de Patrimonio del Estado, no está siendo de utilidad para la AGE.

En enero de 2008, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, remite una carta al departamente de Patrimonio General del Estado donde reitera el interés del Gobierno local por hacerse con el inmueble, que está siendo utilizado como almacén, y donde ya le propone la permuta de dicho terreno por 1.100 metros cuadrados en la Explanada de San Lorenzo para la ampliación de la Policía Nacional.

Al no obtener contestación a esta carta, en mayo del mismo año Juan José Imbroda vuelve a enviarla y esta vez se le responde, en febrero de 2009, recordándole la imposibilidad de efectuar la operación debido a que el régimen jurídico de cesiones gratuitas permite ceder terrenos a ayuntamientos, pero no a terceras personas, algo que impediría vender las futuras viviendas ya que los propietarios serían considerados como esas 'terceras personas'.

Ante este imprevisto, la Ciudad Autónoma propone a la AGE que, en lugar de venderlas, las viviendas serían puestas a disposición de los melillenses en régimen de alquiler, lo que supondría que permanecerían bajo la propiedad municipal y no pasarían a manos de terceros. Además, se le ofrece la posibilidad de cambiar el inmueble por 11.000 metros cuadrados en Jardín Valenciano para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria.

Sin embargo, a pesar de todos los intentos realizados por el Gobierno de Melilla, la respuesta final dada por el Estado ha sido la negativa, y ello tras tres años de peticiones reiteradas y de propuestas de alternativas por parte local.

Es por ello por lo que, según Rafael Marín, el Gobierno local se siente engañado e indignado, ya que no hay que olvidar que se le ha negado la posibilidad de construir viviendas en una parcela que, en estos momentos, está siendo utilizada como almacén por la Delegación del Gobierno.