Melilla, reflexiones sobre su nuevo Estatuto de Autonomía XIV

El catedrático de Derecho Constitucional Don Jorge de Esteban, (EL MUNDO, 11/01/10), escribe sobre la esperada sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la constitucionalidad del Estatut de Cataluña y afirma que hay una única cuestión: se trata ni más ni menos que de dar por buena la mención a una Nación catalana en su Preámbulo y con ello a la independencia de Cataluña.

¿Acaso en el Preámbulo del nuevo Estatuto de Autonomía de Melilla existe alusión a una Nación melillense?. No, no se da esta circunstancia o supuesto. Ni tampoco, el texto del Estatuto de Comunidad Autónoma de Melilla, plantea una nueva delimitación de lo que, competencialmente hablando, es propio del Estado, según establece la Constitución Española, y lo que pudiere corresponder a las Comunidades Autónomas, en este caso a la nuestra, a la melillense.

Sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Melilla también podríamos decir que, se trata de una sola pero magna cuestión: alcanzar el mismo nivel autonómico que las demás Comunidades Autónomas del Reino de España. Lo que puede traducirse en un constitucional, legítimo, legal, y justo deseo de los melillenses de alcanzar igualdad de trato jurídico-político y socio-económico en comparación con el resto del Estado Autonómico Español, en aquellas competencias que entendamos podemos gestionar adecuadamente.

Nosotros los melillenses, los ciudadanos españoles europeos del sur, sin cuestionar ni contrariar los deseos y aspiraciones de otros pueblos, como, por ejemplo, el catalán, creemos que nuestro Estatuto debería ser y contener una carta de deberes, derechos y principios rectores de auténtica Comunidad Autónoma de España de y para nuestro pueblo.

Los melillenses queremos que Melilla pueda ser considerada una Comunidad Autónoma Española en sentido cultural, en sentido político, en sentido jurídico y en sentido socio económico, porque, hasta ahora, no lo somos. Somos españoles desiguales a otros españoles del Reino de España. Somos y estamos discriminados y de nosotros depende empezar a vencer esta injusticia que a ningún melillense deja indiferente.

Esta es nuestra sensibilidad y es nuestra identidad y este es nuestro respeto, poder convivir sobre pautas de comprensión, solidaridad y respeto mutuos, conectar como iguales en obligaciones, deberes y derechos en y con todo el conjunto de las Comunidades Autónomas del Reino de España. Queremos dejar de soñar y queremos ser capaces de sonar, como melillenses y como españoles, como esos ciudadanos españoles europeos del sur, con nuestro nuevo Estatuto de Comunidad Autónoma de Melilla en las relaciones entre Melilla y el resto de Comunidades Autónomas y el propio Estado Español.

Sin hacer pronóstico, pero respetándola si pudiese haber alguna, y entendiendo que no hay polémica que nos aguarde al respecto, hago un llamamiento a la cordialidad a todas las fuerzas políticas melillenses para alcanzar con firmeza y comprensión, y sin perjudiciales forcejeos políticos, consensuadamente, esa tan importante como necesaria labor autonómica.

Para lograr esa cordialidad que nos lleve al consenso en pro del Estatuto imagino y propongo que podría resultar muy útil practicar un poco de deporte, algo de ejercicio físico controlado, se podría hacer, por ejemplo, una pequeña liga de fútbol, mixta o no, que durase un trimestre (o el tiempo indispensable mientras se van negociando posiciones y acuerdos políticos), siempre que permitiese un mayor nivel de entendimiento tan necesario a estos efectos estatutarios.

De cualquier modo, quienes pueden saberlo dan por seguro que, con más o menos zozobras, el largo proceso quedará al fin concluido, y sin nuevas secuelas que afecten a la convivencia catalana ni a las relaciones entre Catalunya y el resto del Estado, estas sí atribuladas por la pésima gestión que ambas partes han hecho de la reforma del marco institucional. Porque antes de acometer la plena pacificación, conviene dejar sentado que el forcejeo jurídico político que está a punto de concluir no fue un dechado de sutileza ni un alarde de refinada voluntad de convivir sobre pautas de comprensión y respeto mutuos. Y por ello, la bilateralidad Catalunya-Estado está hoy todavía fundada en inquietantes tópicos: en una dirección, se reprocha insolidaridad; en la otra, cicatería e incomprensión. Hasta cierto punto, estas posiciones psicológicas han sido evaluadas: el último barómetro de este periódico, publicado en diciembre, ofrece dos datos inquietantes relativos a la instalación institucional de Catalunya en España. De una parte, el auge del independentismo: a la pregunta «¿qué votaría si mañana hubiera un referendo sobre la independencia», el 39,0% se declararía a favor y el 40,6% en contra; es la primera vez que un sondeo de prestigio arroja un empate técnico sobre esta cuestión hasta hace poco tabú y ahora tratada con inquietante naturalidad. De otra parte, la encuesta reflejaba un creciente distanciamiento de la percepción que se tiene en Catalunya y fuera de Catalunya acerca de las cuestiones sensibles relacionadas con la identidad y la pertenencia. Así, por ejemplo, la mayoría de los españoles (50,6%) cree que el castellano está discriminado en Catalunya y los catalanes (81,4%) opinan que no; la mayoría de los catalanes (83,6%) cree que Catalunya es solidaria con el resto de las autonomías y los españoles en conjunto (51,7%) piensan que no; el 52,8% de los catalanes piensa que Catalunya es una nación, en tanto que en el resto de España solo cree tal cosa el 15,9% de la población. Otro sondeo publicado días más tarde, también en la prensa catalana, informaba del estado de la opinión pública sobre la sentencia del TC; el dato más significativo era, por su simetría, que el 61% de los españoles acepta recortes en el texto estatutario en tanto que el 61% de los catalanes los rechaza… En definitiva, es patente que se ha abierto absurdamente un foso entre Catalunya y el Estado, cuyas causas se hunden en aquellas vísperas inquietantes de las elecciones autonómicas del 2003 en que la reclamación de una legítima reforma estatutaria, justo en el momento en que Jordi Pujol se retiraba de la política activa, apenas recibía desde Madrid dosis irritantes de frialdad y arrogancia. La conducción vacilante del proceso estatutario ha hecho el resto.

Así las cosas, es preciso que la sentencia del TC, que tendrá en todo caso efectos lenitivos sobre la crispación que ha reinado en la implementación del nuevo Estatuto, vaya acompañada de un esfuerzo intelectual por ambas partes encaminado a restañar las heridas que aún puedan quedar entreabiertas y a conectar de nuevo las sensibilidades culturales y políticas de los contendientes en esta lid insensata. No estamos, en definitiva, ante una mera cuestión jurídico-administrativa, ante un simple desarrollo normativo más o menos arduo, sino ante la necesidad de reconstruir puentes a lo largo de la línea de desentendimiento que a punto ha estado de convertirse en foso. Muy trabajosamente, está siendo posible conciliar la voluntad catalana con las germinales construcciones democráticas de la soberanía española. Tras este feliz resultado en ciernes, cumple devolverle la razón a Espriu, invocado con más o menos tino en esta hora crucial: hay que regenerar Sepharad, la España reconciliada de La pell de brau. Y, para ello, para eliminar la hostilidad que cerca aún a Catalunya, hay que realizar un esfuerzo positivo de razón y de voluntad auspiciado por la sociedad civil de ambos lados. La clase política, que no ha estado del todo a la altura de las circunstancias, no tendrá más remedio que sumarse a este gran designio.

José Manuel Pérez Avilés