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Sarompas acusa a Garbín de indicar a la nueva empresa responsable de los menores infractores qué trabajadores debía despedir

La socialista asegura que la Consejera de Bienestar social entregó una lista de “intocables” y la 'Fundación Diagrama', en consecuencia, despidió a 10 trabajadores

Publicada en InfoMelilla el 22 de abril de 2010

InfoMelilla.com

Celia Sarompas, diputada socialista
Celia Sarompas, diputada socialista

La diputada del Grupo Socialista de Melilla, Celia Sarompas, ha acusado al Gobierno local de haber ordenado el despido de diez trabajadores melillenses del Centro de Reforma de Menores por indicación del Gobierno del PP. Y es que, según ha revelado la socialista, la Consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, entregó “una lista de intocables” a la nueva asociación que se hace cargo de los memores en reforma -Fundación Diagrama- y la empresa, en consecuencia, despidió a una decena de trabajadores que no estaban en la señalada lista.

Sarompas cree que esta actitud del Gobierno del PP de determinar quién debe trabajar y quién no, “no es nueva”, ya que la justicia declaró nulos varios contratos de trabajadores “y los que eran de la órbita del PP y del Gobierno local han seguido trabajando”.

Indefinidos y con experiencia

En su alocución, la diputada ha explicado la Fundación Diagrama se hace cargo del Centro de Reforma de Menores desde el 31 de marzo subrogando a los trabajadores de la anterior empresa. Sin embargo, el 1 de abril, 24 horas después y sin previo aviso, despidió a 10 de ellos, “algunos llamándoles cuando se iban a incorporar a sus turnos de trabajo, donde les entregaron una carta de despido en la que se reconoce que el despido improcedente y las correspondientes indemnizaciones”.

“El Gobierno y del Partido Popular, que tanto dicen estar preocupados por los desempleados de la Ciudad, deja en el paro a 1 educador, 6 auxiliares, 1 trabajador de mantenimiento y 2 trabajadoras de la limpieza”, ha indicado, y ha apuntillado que, “curiosamente han despedido a los trabajadores más antiguos, algunos de ellos con contrato indefinido, mientras que entre los que han dejado en plantilla, hay eventuales con mucha menos experiencia”.

La socialista ha asegurado que la empresa ha despedido a los trabajadores que mayor coste le supone dejar en el paro, pagando indemnizaciones de 12.000 y 20.000 euros. “Como todo el mundo sabe, las empresas privadas siempre despiden a los trabajadores con más experiencia y que más dinero les va a costar su despido, ¿verdad?”, ha ironizado la representante del Grupo Municipal del PSOE.

Cuando los trabajadores fueron despedidos solicitaron explicaciones y la empresa, según Sarompas, reconoció la intermediación de María Antonia Garbín “y que ésta les ha facilitado un listado sobre a quién despedir y a quién no”.

Por otro lado, Celia Sarompas ha contrapuesto “la pura y dura realidad” de los diez despedidos, a las “fábulas” del consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, que acusó al PSOE de haber utilizado la sentencia que establece la ilegalidad de las multas de tráfico en un intento de tapar el hecho de que se vaya a “enchufar” a “alguien” como nuevo director de la Residencia de Mayores.

“Aseguraba que no sabía ni quién ni cuándo… pero que seguro que era un enchufado. Lo de este señor es increíble”, ha señalado, al tiempo que ha apuntado que “ya conocemos cual es la credibilidad de Miguel Marín”. Así, ha recordado cuando el consejero de Administraciones Públicas aseguró que el anterior delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, iba a ser destituido de su cargo porque lo había escuchado en una cafetería.

“No nos cabe duda de que la fuente de inspiración y de información de Miguel Marín son las cafeterías, los bares o todo el Puerto Noray. Pero hoy no queremos hablar de fábulas, ni de las futuribles hipótesis de Marín, hoy vamos a hablar de la pura y dura realidad”, ha señalado.

Por último, al hilo de las declaraciones sobre enchufismo, Sarompas ha preguntado a Marín qué término emplearía para calificar lo que ha hecho EMVISMESA en referencia a la privatización del Servicio de Inspección de Obras Menores para poder contratar al cuñado del presidente de la Empresa Pública. “¿Cómo califica el Marín a esto?”, ha querido saber.