Sólo el 2 por ciento de las solicitudes de asilo que se tramitan en Melilla obtienen una resolución favorable

Sólo el 2 por ciento de las solicitudes de asilo que se incoan en Melilla por parte de inmigrantes obtienen una resolución favorable.

Así lo ha asegurado a los periodistas el presidente de la ONG Pro Derechos Humanos, Juan José Alonso, que junto a Pro Derechos de la Infancia (Prodein), convocó ayer sábado una concentración a la que acudieron una veintena de personas en solidaridad con un marroquí al que se le ha denegado su petición de asilo.

Según Alonso, actualmente, la ley obliga a admitir a trámite todas las solicitudes que se presentan, aunque el número de personas que finalmente son consideradas como asilado o refugiado es "poquísimo".

El caso de Hicham Bousti, un marroquí que asegura que no puede volver a su país por miedo a posibles represalias, es uno de los ejemplos de solicitudes de asilo que, en opinión de las ONG, tendrían que tener una resolución favorable y que, sin embargo, es rechazada.

Tras pasar treinta días en huelga de hambre en los que ha perdido once kilos, Hicham Bousti, ex miembro de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos y del Servicio de Información militar, pretende acabar con todas las posibilidades administrativas y ahora ha presentado un recurso contra su orden de expulsión.

Alonso ha dicho que el caso de este marroquí es "más grave", ya que "peligra su integridad física e incluso su vida" en caso de que tenga que regresar a su Marruecos, donde la prensa local está publicando noticias que no le benefician y que "parecen como si se estuviesen preparando para un linchamiento".

El presidente de Pro Derechos ha insistido en la necesidad de impedir por todos los medios que sea expulsado a su país, aunque ha matizado que puede darse la circunstancia que el recurso presentado contra su expulsión se resuelva después de que ya haya regresado a su país.

El recurso está interpuesto ante la Audiencia Nacional, que deberá tramitarlo a partir de un juzgado correspondiente de Madrid, donde ha pedido un abogado de oficio y que aún no se le ha asignado.

"Dentro de veinte días puede estar en cualquier sitio y que no tenga efectividad ese recurso que se ha interpuesto", ha afirmado Alonso, quien ha matizado que el recurso por sí solo no anula la orden de expulsión.

Según Alonso, se han dado casos en los que un inmigrante ha sido expulsado y que, al cabo de dos años, ha llegado la orden de un juzgado en el que se establece que la expulsión es contraria a derecho.