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Tiempos de crisis.
UGT-Melilla denuncia la 'visión errónea' del Gobierno ZP para solucionar el problema del paro
"El Gobierno quiere ahora rebajar de 100 a 30 días el periodo que tienen los parados para rechazar ofertas, según ha declarado el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho".
Publicada en InfoMelilla el 25 de agosto de 2010
InfoMelilla.com
Unión General de Trabajadores anunia que "el Gobierno quiere ahora rebajar de 100 a 30 días el periodo que tienen los parados para rechazar ofertas, según declaró el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la Cadena Ser. UGT considera que este nuevo anuncio refleja nuevamente la visión errónea del Gobierno para solucionar el problema del paro y demuestra los continuos vaivenes de su política económica".
Primero el Gobierno aprobó en el Congreso el artículo 16 de la reforma laboral por el que se decide que, durante los tres primeros meses, el perceptor de prestaciones podrá declinar el asistir a cursos de formación. Una decisión que "adoptó de motu propio y que suponía la modificación del artículo 231 de la Seguridad Social".
Luego, una enmienda socialista en el Senado, la 243, contradijo, hace unos días, lo aprobado por el propio Gobierno en el Congreso al establecer que el parado que rechazara acciones de formación, sin fijar plazo, podría perder la prestación. UGT denunció el pasado 17 de agosto que el grupo parlamentario socialista se movía en la confusión, ya que el texto refundido de la Seguridad Social en su artículo 231 y la Ley de Infracciones y Sanciones, en sus artículos 17 y 47, "señalan claramente como faltas graves la no asistencia a las acciones y programas de empleo ofrecidas por los Servicios Públicos de Empleo, con la consideración de falta grave y, por lo tanto, con la pérdida de prestación por desempleo. Y ahora pretende reducir el plazo de 100, fijado por la reforma laboral impuesta por el Gobierno, a 30 días", aclara el sindicato.
UGT considera que "la mejora de la ocupabilidad de los desempleados no se puede acometer desde una posición de sanciones y de pérdidas de prestaciones, sino que es necesario aumentar la inversión en políticas activas de empleo, adecuándolas a las necesidades del actual mercado de trabajo".