UPyD cree que PSOE y PP son incapaces de abordar el despilfarro autonómico "porque sienten pánico a perder el apoyo de los nacionalistas"

Tras la moción que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentó el pasado martes en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a utilizar todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo, el coordinador melillense de la formación magenta, Emilio Guerra, ha lamentado las reticencias del PP y las negativas del PSOE, que dejaron en soledad la propuesta de UPyD. Guerra cree que las dos grandes fuerzas políticas del país “sienten verdadero terror a poner en marcha algo que pueda incomodar a los nacionalistas”.

A juicio de UPyD, el Gobierno “se ha empeñado” en concentrar los recortes del gasto público en los presupuestos de la Administración Central del Estado y todo indica, ha dicho, que se propone profundizar en esta misma línea pese al deterioro de la situación financiera. Los upedistas consideran que con tal de mantener la mayoría parlamentaria, el peso de los intereses autonómicos cada vez es más “desorbitado” sobre una política nacional “raquítica” que tiende a desaparecer.

La previsión de déficit para el año 2011, hasta el 7’5 por ciento del PIB, adjudica a la administración central el 2’5 por ciento, a las comunidades autónomas el 4’2 por ciento y a los entes locales el 1 por ciento. El déficit autonómico, según Emilio Guerra, sería mucho mayor si la administración central no soportase la totalidad del grueso de los gastos que son consecuencia automática de la crisis (como prestaciones por desempleo y carga financiera) o si no se hubieran inyectado a las comunidades 11.000 millones de euros incumpliendo el compromiso de respetar los límites autonómicos de déficit.

El Gobierno, según la moción presentada por la diputada nacional de UPyD, ha de hacer uso de las competencias que le atribuye la Constitución para recortar el gasto superfluo de las administraciones autonómicas en un mínimo de 15 000 millones de euros.

Para ello, los upedistas proponen introducir un techo de gasto obligatorio a cada Comunidad; introducir mecanismos de penalización para los incumplimientos de dicho techo o de los compromisos de déficit; e investigar la existencia de duplicidades y solapamientos de las administraciones y de sus entes públicos, suprimiendo o reduciendo el tamaño de todos aquellos superfluos e ineficaces.