UPyD denuncia el inicio de expedientes de desahucios por parte del INVIFAS en Melilla

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha denunciado la puesta en marcha por parte del INVIFAS en Melilla de expedientes de desahucio a personal de tropa en aplicación de la Ley 26/1999. Un procedimiento, según el líder local de la formación magenta, Emilio Guerra, “injusto y desproporcionado, que se ceba principalmente en los más desprotegidos”.

Se trata, ha dicho, de un colectivo militar en reserva o retirados, algunos de los cuales lo fueron en acto de servicio con minusvalías, cuyo nivel de ingresos en algunos casos no llega a los mil euros, y a los que se les conmina a abandonar las viviendas militares que ocupan desde hace muchos años.

Todas estas personas, asegura Guerra, disfrutaban de una vivienda militar pagando una renta muy módica que les posibilitaba salir adelante después del cambio de situación de actividad en el Ejército y de la consiguiente merma en sus retribuciones básicas. Por tanto, “estamos hablando de una verdadera acción social, que trata de eliminarse, bajo el amparo de la interpretación rebuscada de la normativa vigente”.

La aplicación “parcial” de la referida Ley, a juicio de Emilio Guerra, está provocando situaciones dramáticas en familias que no pueden permitirse comprar una vivienda ni tampoco pagar el alquiler de otra a los precios actuales de mercado en la ciudad. Guerra, ha insistido que existe un parque de viviendas militares vacías considerable –por encima de las 300- por lo que no entiende las “prisas” del ministerio de Defensa e INVIFAS en desalojar al sector de ocupantes referido, “salvo que exista algún interés especulativo que podamos desconocer”, ha dicho.

INVIFAS y Defensa están actuando en Melilla de manera “radical y extrema, abandonando al colectivo con el nivel de ingresos más bajo de las Fuerzas Armadas”, asegura Emilio Guerra, que ha solicitado se aplique la disposición adicional octava de la Ley 26/1999 que faculta al ministerio de Defensa para arbitrar medidas tendentes a facilitar el uso vitalicio de la vivienda a retirados, viudas u otros beneficiarios en especiales condiciones, como es el caso.