UPyD denuncia que el nuevo PGOU prevé el derribo de un centenar de viviendas humildes en el Real

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha denunciado hoy que la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Melilla prevé el derribo de un centenar de viviendas humildes ubicadas en el barrio del Real, concretamente en las calles Infanta Elena e Infanta Cristina.

En rueda de prensa, el secretario de Organización de UPyD, Emilio Folgar, ha informado de que el nuevo PGOU contempla el derribo de estas viviendas, valoradas catastralmente por unos 12.000 euros, para construir un vial, a pesar de que el barrio del Real ya cuenta con tres ejes principales que "absorben sin problemas" el tráfico de esta zona.

Según ha indicado Folgar, el 70 por ciento de estas viviendas están habitadas por jubilados y personas mayores que viven solas y cuyos ingresos mensuales apenas llegan a los 500 euros, de ahí que no puedan costearse el traslado a otro domicilio en caso de que la Ciudad Autónoma les dé una alternativa para abandonar sus actuales casas.

Folgar ha criticado la actitud "oscurantista" del Gobierno melillense en la redacción del nuevo PGOU, proyecto adjudicado a la empresa Laboratorio de Proyectos, procedente de Alicante, por 600.000 euros.

El upedista ha lamentado que un proyecto de tanta envergadura como éste haya sido adjudicado a una "empresa foránea" que no conoce la realidad de la ciudad ni a quienes viven en ella, lo que ha dado lugar a polémicas como ésta, que se suma a otra anterior muy similar sobre el derribo de varias viviendas en la calle Álvaro de Bazán.

En este sentido, Folgar ha recordado unas declaraciones del consejero de Fomento, Rafael Marín, que en 2006 apuntaba su deseo de que la revisión del PGOU corriera a cargo de una empresa que conociera la ciudad, algo que en opinión de UPyD no ocurre con la adjudicataria de este proyecto.

Además, el número dos de esta formación ha subrayado la circunstancia que se dará este verano, ya que la mayor parte de los 90 días del periodo de alegaciones coincidirá con el mes de agosto, en el que buena parte de los melillenses se encuentran de viaje fuera de la ciudad y la Administración se encuentra prácticamente inoperativa.

"En agosto se hacen las cosas oscuras que le gusta hacer al Gobierno", ha afirmado Folgar, en cuya opinión no se cumple con una de las premisas de la Ley 9/2006, que en su artículo 125 defiende que "deben asegurarse los estándares mínimos de participación ciudadana real".