Local · Política
UPyD exige al Gobierno local abrir una investigación sobre la presunta corrupción en el fútbol
Guerra lamenta que los gestores políticos, cuando hay problemas, se “esconden vergonzosamente y son incapaces de asumir sus responsabilidades”
Publicada en InfoMelilla el 8 de julio de 2010
El “mutismo” de los responsables políticos del Deporte en la Ciudad con relación a las “graves acusaciones” vertidas por árbitros, donde se citan datos y hechos que podrían dejar al descubierto “una posible trama de corrupción” de la competición futbolística en Melilla, deja en evidencia, a juicio del coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Emilio Guerra, a unos gestores políticos que cuando hay problemas se “esconden vergonzosamente y son incapaces de asumir sus responsabilidades”.
Desde UPyD, se ha instado a los partidos de la oposición en la Asamblea a que investiguen, fiscalicen y denuncien, allí donde sea procedente, las supuestas irregularidades de la Federación Melillense de Fútbol difundidas por el colegiado de Segunda “B”, Sánchez Cano.
“Cuando se vierten a la opinión pública acusaciones e imputaciones tan graves, es obligado y recomendable pedir explicaciones y que se ofrezcan a la opinión pública, cuantas aclaraciones sean necesarias, pero el Gobierno local tiene otra patata caliente, generada por una federación conflictiva, que no saben como afrontar”, ha dicho.
Según el dirigente de UPyD, las aportaciones municipales, a través de subvenciones y convenios, tanto a la Federación de Fútbol como a la U.D. Melilla, son “tan importantes y significativas, que cualquier cosa que les pueda afectar en su relación o deficiente funcionamiento y gestión, tienen que someterse a los principios, normas y exigencias que marca la Ley”. La administración local, “debe velar para que los subvencionados o conveniados, utilicen esos recursos públicos conforme marca la normativa vigente o de lo contrario pedir su restitución”.
Guerra considera que de continuar Ll “pasividad y extraño silencio” del consejero de Deportes, Francisco Robles, y por tanto, del Ejecutivo de Juan José Imbroda, “podría interpretarse como de una complicidad cuyas consecuencias se extenderían a otras personas e instituciones”.