UPyD recuerda la necesidad de una Ley de Financiación de la Enseñanza que garantice la dotación al sistema de los medios necesarios

El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra, ha reiterado el firme compromiso de su formación política con el colectivo docente ante los “habituales” insultos y agresiones que reciben estos profesionales, como también los sanitarios, en el ejercicio de su actividad laboral diaria.

Emilio Guerra ha recordado que UPyD presentó el 16 de mayo de 2008 en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa, para modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación.

En la exposición de motivos, UPyD considera que el profesorado carece de la protección y las atribuciones precisas para poder desarrollar, en condiciones adecuadas, su función docente en interés de los alumnos, de los padres y tutores y en general de la sociedad.

En los centros educativos y en las aulas, según lo solicitado por UPyD, se debe reconocer la autoridad del profesor y protegerse debidamente el derecho a aprender de los alumnos, sin que se consienta el comportamiento de aquellos que tratan de limitarlo con una conducta improcedente. Para todo ello, la Administración ha de dotar al referido colectivo de la condición de autoridad pública.

Emilio Guerra considera que es “nula la voluntad del Gobierno de Rodríguez Zapatero” de afrontar con decisión una cuestión que, ha dicho, “merma todavía aún más, la ya de por si pobre calidad de nuestro sistema educativo”. Para los responsables de educación de UPyD, existe un ambiente enrarecido en las aulas, donde impera el descontrol y el desbarajuste, “porque no hay relación de jerarquía entre alumnos y profesores”.

El líder local de la formación magenta ha hecho referencia a las primeras sentencias judiciales, donde “a cuenta gotas” se está comenzando a reconocer la autoridad del docente y personal sanitario también. En este sentido, comentó una reciente, de mayo, del Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga, donde se considera como atentado la agresión de una madre a la directora de un instituto, imponiéndole la pena de un año de prisión y el abono de 600 euros por daño moral.