Alonso Díaz: “Hablar de servicios públicos es hablar de democracia”

Tras participar en las jornadas sobre la protección de los servicios públicos y su reforzamiento en tiempos de crisis celebradas en la capital, el secretario general de UGT-Melilla, Alonso Díaz, ha afirmado que “hablar de servicios públicos es hablar de democracia. No puede haber una democracia con malos empleos y malos servicios públicos”.

Las jornadas han sido “beligerantes a favor de los servicios públicos en general, y de la Sanidad y la Educación en particular”, asegura, señalando también la importancia de “defender las pensiones, la prestación por desempleo y la atención a la dependencia, porque tenemos servicios públicos eficaces, aunque se pretenda decir que están sobredimensionados, por encima de nuestras posibilidades y necesidades”.

El secretario general del sindicato a nivel local ha recordado que tenemos un sistema público sanitario “eficiente, barato y con unos profesionales que se los rifan en otros países. Hay que aproximarse a niveles de inversión semejantes a otros países de Europa, ya que estamos a un punto respecto a la Europa de los 15”.

En cuanto a Educación, Alonso Díaz ha manifestado que “hay un reconocimiento explícito en las leyes para mejorar su financiación, pero se está acometiendo el camino contrario”.

Además, ha afirmado que en dependencia “hay una insuficiencia en la aplicación de la ley, ya que en el conjunto del Estado, el 30% de las personas que tienen derecho a esta prestación no la reciben, y también hay una desviación en el modelo de asistencia de la misma, ya que el 52% de las prestaciones recibidas son económicas, cuando el espíritu de la ley era que la prestación fuese, en su mayoría, en servicio a estas personas”.

Respecto a los empleados públicos ha querido poner de relieve que pese a que “se dice que trabajan poco y que cobran mucho, la mayoría cobran unos 1.000 euros y el porcentaje de empleados públicos en relación con la población española es inferior al de otros países europeos”.

Asimismo, ha reiterado la necesidad de una “reforma fiscal integral”, ya que durante la expansión económica “se han abordado reducciones y supresiones de impuestos que se han sustentado en los ingresos del sector inmobiliario, pero cuando la burbuja ha estallado ya no había recursos. Mejorando los ingresos se puede compatibilizar la reducción del déficit con inversiones en servicios públicos”.

Además, “se podría compensar también el riesgo de la reforma constitucional si la ley orgánica incorporase un suelo mínimo de gasto social que nos equipare a los promedios de la UE”, ha concluido.