EAPN-ES propone a las fuerzas políticas medidas para combatir las desigualdades sociales tras el 20N

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) denuncia que las políticas españolas no han abordado los problemas estructurales que están en las base de las desigualdades. Con ello se refiere a “los desequilibrios demográficos, una educación de poca calidad, un mercado de trabajo con altas tasas de desempleo y poca cualificación, grandes niveles de desigualdad tanto interterritoriales como intraterritoriales, así como un modelo económico en el que ha primado el crecimiento sobre la cohesión social”.

Por eso, EAPN defiende “profundos cambios en nuestro modelo económico y social” y hace un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas ante las próximas elecciones generales para que “sitúen como prioridad absoluta el mantenimiento e incremento de los niveles de protección social y la reducción de los niveles de exclusión social de las personas más vulnerables”.

Entre las propuestas de EAPN-ES está un plan de rescate para las personas, basado en un pacto y una estrategia nacional por la inclusión social. Este duraría toda la legislatura, implicaría a los partidos políticos, las administraciones y el Tercer Sector, e incluiría los siguientes objetivos: enfocarse desde la perspectiva de la inclusión activa y la activación de las personas; plantear objetivos cuantitativos claros y medibles; reportar y revisar anualmente los progresos; coordinar medidas de empleo, educativas, sanitarias y de servicios sociales; prever medidas también en el conjunto de políticas sociales y de desarrollo; ser coordinado y liderado al nivel político más alto; y plantearse en coordinación con las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas en estas materias.

El plan de rescate, además, contempla el desarrollo de medidas específicas relacionadas con las políticas activas de empleo: itinerarios de inversión, microcréditos, empresas de inserción, fomento de la economía social y de los servicios de proximidad, etcétera. Asimismo, se pretende asegurar el derecho a un ingreso mínimo garantizado de 600 euros a toda persona que no disponga de otros recursos; considerar la vivienda y el suelo como bienes básicos no sujetos a especulación (viviendas sociales, vivienda y alojamiento digno de las personas más excluidas, vivienda para la emancipación juvenil, eliminación del chabolismo, red de acogida a personas sin hogar).

También plantea considerar la vivienda y el suelo como bienes básicos no sujetos a especulación y sacar las consecuencias de dicho principio en términos de políticas de vivienda (viviendas sociales, vivienda y alojamiento digno de las personas más excluidas, vivienda para la emancipación juvenil, eliminación del chabolismo, red de acogida a personas sin hogar). Asimismo, pretende asegurar la escolarización efectiva de toda persona en edad obligatoria y crear las condiciones para mejorar sustancialmente los resultados educativos a todos los niveles, de modo que los escasos resultados educativos no supongan un riesgo de exclusión y una desventaja para el acceso al empleo de las generaciones futuras.

Seguir garantizando en España los niveles actuales de cobertura sanitaria universal y gratuita para el conjunto de la población (incluidos los inmigrantes) y corregir las desigualdades es otra prioridad para EAPN. Como también lo es recaudar más, de modo más progresivo e invertir de forma más justa.

Para promover la inclusión en el plano local, creen necesario cambiar el modo en que se gestionan los servicios públicos para que estos sean concebidos de manera transversal e inclusiva, y consolidar el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del sistema de protección social.

Para ello, apuestan por lograr, a través de la colaboración con las comunidades Autónomas, que los servicios sociales trabajen más integrados en el sistema de protección social y delimitar y acotar mejor su objetivo prioritario; mejorar la coordinación y la interrelación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales, así como con el sistema educativo y el de empleo; definir y garantizar una cartera de servicios mínimos de Servicios Sociales; definir unos mecanismos y protocolos de coordinación más efectivos entre todos los servicios desde la perspectiva territorial; implantar modelos de intervención integral y comunitaria orientada a la cohesión e incorporación social, así como a la convivencia, que vayan más allá de la prestación de recursos económicos.

Plantean también trabajar por procesos e itinerarios personalizados, asegurando el acompañamiento, la prevención y la atención integral; agilizar todos los procesos administrativos y las tramitaciones, especialmente las que afectan a los recursos y prestaciones sociales; mejorar el acceso a los servicios; desarrollar aquellos ámbitos que son consustanciales a estos servicios y que aún manifiestan muchas debilidades (especialmente el sistema de dependencia y el de rentas mínimas); dar respuesta efectiva a los problemas emergentes relacionados con las nuevas formas de exclusión y el impacto de la crisis; y reforzar el papel clave del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en el sistema de los servicios sociales.