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El Gobierno regula los centros para menores conflictivos y con trastornos de conducta
Aprueba el anteproyecto de Ley de actualización de la legislación en materia de protección a la infancia, que simplifica los mecanismos de acogida y adopción, potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares y amplía la intervención del Ministerio Fiscal
Publicada en InfoMelilla el 8 de julio de 2011
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín presentaba esta mañana en el Consejo de Ministros el contenido del anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia.
El objetivo de la nueva normativa es simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción y potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares.
El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas - a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia-, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia.
Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia.
Centros para menores con problemas de conducta
El anteproyecto regula también los centros para menores con trastorno de conducta. Menores que no han cometido delitos, pero que persisten en conductas que afectan gravemente a los demás, en sus diferentes ámbitos de existencia.
El anteproyecto aborda por primera vez las características de estos centros y establece una serie de garantías: necesidad de diagnóstico previo y autorización judicial para el ingreso en los centros que utilicen medidas de contención y restricción de libertad, la limitación en la administración de medicamentos, e intensificación de la actuación de los servicios de inspección y supervisión.
Desde esta perspectiva garantista, es importante también la ampliación de la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia. Una labor fundamental que muchos fiscales de España realizan con un gran compromiso y dedicación y que ahora se ve reforzada.
