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Campaña electoral
Gutiérrez asegura que el PP retomará medidas sociales eliminadas por el Gobierno Socialista
Lamenta el descenso en el gasto público y destaca la necesidad de profundizar en la Ley de Dependencia para hacerla más válida
Publicada en InfoMelilla el 9 de noviembre de 2011
El Partido Popular retomará algunas de las medidas sociales que el Gobierno Socialista eliminó durante esta pasada legislatura, como la deducción por la compra de vivienda, la recuperación de los 420 euros de la prestación por desempleo o la bajada de impuestos.
El candidato al Congreso de los Diputados por el PP de Melilla, Antonio Gutiérrez, ha señalado durante el debate que ha mantenido con la candidata del PSOE, Gloria Rojas, que si por algo se va a caracterizar la política social del PP será, además de por las medidas anteriores, por fomentar el ahorro, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, impulsar la recuperación del empleo y facilitar a las entidades locales el pago de deudas pendientes.
Gutiérrez ha lamentado, así mismo, que el gasto social actual, situado en el 48,3 por ciento, sea menor que el registrado en los años 1999, 2000 y 2001, donde ascendía al 51 por ciento.
Respecto a la Ley de Dependencia, a la que Rojas se ha referido en su intervención como uno de los grandes logros del PSOE, Gutiérrez ha asegurado que posee algunas deficiencias. De hecho, ha recordado cómo el PP ha presentado más de 130 iniciativas para modificarla y todas ellas han sido denegadas por el Gobierno central, que también vetó 13 iniciativas populares relacionadas con la citada Ley.
Para el candidato popular, es fundamental profundizar y mejorar la Ley de Dependencia, ya que carece de un sistema de financiación sostenible y suficiente que obliga a la administración local a hacer frente a gran parte de esa financiación, lo que no garantiza el principio de igualdad de todos los melillenses.
Antonio Gutiérrez ha finalizado su intervención en materia de Políticas Sociales recordando que el Gobierno central llevó a cabo en 2011 un recorte presupuestario en materia de dependencia de un 10 por ciento, a lo que se suma, ha dicho, la eliminación de la compensación económica que recibían los dependientes por el retraso de las administraciones públicas, lo que ha supuesto “el aspecto más negativo” de todo lo relacionado con la Ley.