Gutiérrez pregunta al Gobierno sobre uso que dará al edificio del Banco de España tras el cierre de la sucursal

El diputado a Cortes por el Partido Popular, Antonio Gutiérrez, ha presentado una interpelación al Gobierno para que explique cuál es la idea que tiene respecto al futuro del edificio del Banco de España, que desde hoy cerrará sus puertas, al considerar que se trata de un inmueble “emblemático” que no puede sufrir la misma suerte que otros como el del Correos, sin actividad desde hace ya muchos meses. El parlamentario ha acompañado esta propuesta de una petición al Gobernador del Banco de España para que informe de la actividad que se llevaría a cabo en el edificio, y si tendrá conversaciones con el Gobierno melillense previas a cualquier decisión.

La intención de Gutiérrez, según ha explicado esta mañana en rueda de prensa, es que el Gobierno pueda contestar antes de que finalice el período de sesiones el próximo 30 de junio, abordándose esta cuestión en la Comisión de Economía y Hacienda.

El parlamentario ha lamentado en cualquier caso que el cierre del Banco de España sea definitivamente una realidad pese a los intentos y gestiones de los representantes de Melilla y Ceuta en las Cámaras Alta y Baja y del propio presidente melillense, Juan José Imbroda. Gutiérrez ha recordado las entrevistas que se mantuvieron con el subgobernador del Banco de España para evitar esta decisión, sobre la que al final el Gobierno se reafirmó contestando en sede parlamentaria que respondía a criterios de “eficacia y eficiencia de los recursos” y que la actividad económica quedaría “cubierta”.

La realidad, según Gutiérrez, será sin embargo es que con esta medida se “adelgaza la presencia del Estado en Melilla”, al igual que en otras zonas de España, aunque en el caso particular de la Ciudad Autónoma nunca sea “bueno” porque “nos hace ser más desiguales al resto de las autonomías”, algo que podía haberse evitado con “voluntad política” del Gobierno socialista.

Otras actuaciones parlamentarias

Con objeto de que puedan ser contestadas igualmente dentro de este período de sesiones Gutiérrez ha informado que recordará al Gobierno preguntas pendientes de responder y fechadas el 8 de octubre del año pasado, una de ellas sobre el coste que se le imputa al INGESA derivado de la atención hospitalaria a pacientes marroquíes entre 2004 y 2010. Sobre este tema particular ha señalado que no se quedó “conforme” con la respuesta ya aportada por el Gobierno de que no tenían en cuenta la nacionalidad a la hora de atender a enfermos que llegaran al Hospital Comarcal.

También dentro del ámbito sanitario el diputado volverá a preguntar sobre el número de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que realizan el período de formación desde que el Hospital Comarcal tiene la posibilidad de impartir docencia, mientras que ante la previsión de adelanto de las elecciones generales es intención del parlamentario conocer las partidas que se destinarán dentro de los Presupuestos Generales del Estado al futuro hospital universitario.

En su batería de preguntas al Gobierno también Gutiérrez querrá conocer si “siguen en pie” las declaraciones del secretario de Estado Gaspar Zarrías, quien en la pasada campaña electoral mostró su compromiso de implementar la bonificación a las cuotas a la Seguridad Social al cincuenta por ciento, vía Ley de Acompañamiento a los PGE. Apoyo a enfermedades crónicas

El representante por Melilla en la Cámara Baja ha valorado positivamente la aprobación la semana pasada de una proposición no de Ley presentada por el grupo de CiU y tendente a apoyar a personas afectadas por enfermedades crónicas y degenerativas como el parkinson y la esclerosis múltiple, entre otras. En concreto, la medida instaba al Gobierno a reconocer a estos enfermos que estuvieran en fase muy avanzada un baremo de discapacidad no inferior al 33 por ciento, quedando aprobada con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, incluido el socialista, que respaldaron la enmienda presentada por el PP para que exista una unificación de criterios en los baremos para el reconocimiento del grado de discapacidad, de manera que esas baremaciones sean exactamente iguales en cualquier situación y en todas las autonomías.