La CEME lamenta que el Real Decreto de medidas para promover el empleo joven no incluya modificaciones sobre el contrato a tiempo parcial

La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), como organización integrada en la CEOE y CEPYME, ha lamentado que no se incluyan modificaciones relativas a la contratación a tiempo parcial, en el proyecto del Real Decreto de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, estabilidad en el empleo y mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

Con estas medidas, las organizaciones empresariales consideran que no se va en la dirección adecuada para la recuperación de la actividad económica y del empleo.

Según la CEME, que está liderada por Margarita López Almendáriz, la decisión del Gobierno supone una oportunidad perdida en la flexibilización de este contrato, cuya utilización está al menos 5 puntos porcentuales por debajo de la media de los países del entorno. CEME-CEOE considera que “se está desperdiciando la ocasión de reactivar la contratación a través de un modelo que ofrece amplio recorrido, que ayuda a la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores, conjugada con la adecuada protección y seguridad, y que está siendo un contrato con éxito en muchos de los países europeos”.

Por lo que respecta a la modificación del contrato para la formación y el aprendizaje, los empresarios consideran que se aleja mucho del modelo alemán y de la formación dual. Al mismo tiempo, continúan, introduce rigideces que van a dificultar su utilización por las empresas, y, en consecuencia, no afronta las necesidades de contratación de los jóvenes españoles. En este sentido, recuerdan que más del 40 por ciento de los mismos están desempleados.

En cuanto al Fondo de Capitalización, las organizaciones empresariales indican que no se entiende retrasar hasta una fecha tan tardía como el primer semestre de 2013 para que se abra un proceso de negociación con los agentes sociales con el fin de crear el mencionado Fondo. “Si realmente se quiere poner en marcha debe adelantarse el comienzo de las negociaciones al primer semestre de 2012”, manifiestan.

Además, en el apartado 2 del artículo 3º, se elimina el pago del FOGASA al empresario cuando el despido sea improcedente, vaciando de contenido la norma ya que los despidos son declarados improcedentes en la inmensa mayoría de los casos. Por tanto, “debería mantenerse en el régimen transitorio tal como estaba previsto en la Ley 35/2010 hasta la entrada en vigor del Fondo”.

En el mismo apartado del citado artículo se establece la finalización del periodo transitorio a 31 de diciembre de 2013, con independencia de que se haya puesto en marcha o no el Fondo de Capitalización. “Los empresarios consideramos que carece de sentido tal disposición porque el periodo transitorio debe enlazar con la creación del Fondo. Por tanto, debe suprimirse este apartado”, asegura la CEME.

En cuanto a la integración del FOGASA en el Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de 6 meses, los empresarios consideran “innecesaria y ajena” la función y racionalidad de ambos organismos. Las organizaciones empresariales consideran que hay dudas razonables desde el punto de vista jurídico/técnico para que se pueda proceder a la citada integración. Subrayan que la Ley 6/1997 indica que “los organismos públicos tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos de esta ley”.

Añaden, además, que el Fondo de Garantía Salarial se enmarca en las prescripciones de la normativa europea, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, que señala que los estados miembros deben crear una institución que garantice el pago de sus créditos a los trabajadores asalariados afectados.

Por otro lado, al igual que lo hicieran CEOE y CEPYME, la Confederación de Empresarios de Melilla quiere expresar su completo apoyo al proceso de reforma constitucional que se está negociando en estos días entre las principales fuerzas políticas españolas. “El objeto es introducir los principios de estabilidad presupuestaria y control del endeudamiento en nuestra Carta Magna, y de esta forma garantizar una permanente situación de solvencia en las cuentas públicas españolas a todos los niveles”, señalan.

LA CEME considera que la credibilidad de las finanzas públicas es un requisito “indispensable” para la buena marcha de toda economía, ya que “sin estabilidad presupuestaria se crea incertidumbre sobre el futuro y volatilidad de los mercados financieros, frenando la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo. Por el contrario, unas finanzas públicas saneadas en todas las Administraciones Públicas crean las condiciones de estabilidad que se precisan para crecer y crear prosperidad y empleo”.