Los jueces de Melilla se manifiestan contra los nuevos privilegios de los compañeros que emprenden una carrera política

Los jueces melillenses han anunciado que mañana, 14 de octubre, a las 10.30 horas, abandonaran lo que estén haciendo para darse cita en el recibidor de las Torres V Centenario de Melilla, que acogen los juzgados de la ciudad. El motivo es protestar por el cambio legislativo sobre la situación de los miembros de la carrera judicial cuando ostentan un cargo político.

Tal y como han explicado, con la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), “los jueces y magistrados que pidieron excedencia voluntaria para dedicarse a la política, se entenderá que están en (y disfrutaron de una) situación de servicios especiales y, por tanto, ese periodo les computará como ejercicio en la carrera judicial a todos los efectos”.

Según explican, esto supone que “podrán retornar a sus profesiones de manera privilegiada, sin perder antigüedad y guardando preferencia a la hora de elegir destino”. Así pues, denuncian, la reforma “está destinada a favorecer a determinados miembros de la carrera judicial y fiscal” y “perjudica las legítimas expectativas jurídicas de otros compañeros y compañeras de carrera”.

Ante lo que se ha realizado “sin preámbulo alguno ni exposición de motivos que den cuenta de las razones de la modificación legislativa” y eludiendo “los criterios de transparencia” propios del poder legislativo, los jueces protestan por la falta de un informe de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) necesario para acometer este tipo de reformas dentro de la legalidad.

División de poderes en entredicho

Aun hay algo más importante, aseguran: esta reforma “quiebra el esencial principio de división de poderes”. Con ella, “se crea un canal de comunicación entre poder judicial y poder ejecutivo que lleva al absurdo conceptual de entender que se puede ejercer como poder ejecutivo pero computando como ejercicio en el poder judicial”.

Esto provoca una merma en “la visión que la ciudadanía tiene sobre la independencia de los miembros de la carrera judicial”, confirma “la percepción que tienen los ciudadanos de que el Poder Judicial en España está fuertemente politizado” y “potencia su descrédito”.

“La salud de una democracia exige, y la citada reforma se inspira en lo contrario, que el juez que decide hacer política deje de pertenecer al poder judicial porque, sencillamente, pasa a formar forma parte de otro poder, el ejecutivo”, advierten. “Por ello, no tiene sentido que si ya no es un juez y no se comporta como juez, se le compute como si lo fuese, facilitando y animando el trasvase entre poderes”.