PPL asegura que la solicitud de indemnización compensatoria para Liarte ha sido estimada por silencio administrativo

El vicesecretario del Área Técnica de Populares en Libertad (PPL), Benito Perelló, ha asegurado que la indemnización compensatoria que el diputado de su partido Julio Liarte solicitó, debe de ser estimada por transcurrir el tiempo previsto según el Derecho Administrativo.

Perelló ha recordado que la posibilidad de obtener dicha indemnización económica queda reflejada en el artículo 13.1.d) del Reglamento de la Asamblea de Melilla, y tiene como finalidad que los empleados públicos de la Ciudad Autónoma sean ciudadanos de pleno de derecho, porque “desde que toman posesión como diputados cesan de percibir retribución alguna y entran en situación de servicios especiales”.

El vicesecretario de PPL ha lamentado que desde el Gobierno se haya pretendido mostrar esta petición de Liarte como un intento por su parte de querer “vivir de la política”, cuando “Julio Liarte ha vivido y vivirá siempre de su trabajo cualquiera que sea el puesto que en cada momento desempeñe”.

Perelló ha recordado cómo el Partido Popular y el Gobierno local, antes incluso del estudio de la solicitud, ya anunció que sería desestimada “sin alegar ningún razonamiento jurídico, sino en base a su simple arbitrariedad y desprecio a los diputados de la oposición”.

En palabras de Perelló, “esta gente, además de retorcer la ley, también son un ejemplo de ineficacia y negligencia administrativas, porque, ya sea deliberada o involuntariamente, han dejado transcurrir el plazo de resolución y, conforme establece el art. 43 de la ley de procedimiento administrativo, se entiende estimada por silencio administrativo”.

En este sentido, Benito Perelló ha dejado claro que la solicitud de indemnización compensatoria de Julio Liarte “ya ha sido estimada por silencio positivo, y en caso de dictarse una resolución posterior sólo podrá ser confirmatoria del mismo”. Por ello, “si el Partido Popular sigue empeñado en infringir la Ley, Populares en Libertad ejercitará las acciones judiciales que considere procedentes en defensa de un derecho y de la legalidad”.