UPyD apuesta por la VPO en régimen de alquiler sin opción a compra

“Hay que orientar todas las inversiones públicas en materia de empleo hacia la Vivienda de Protección Oficial (VPO) en alquiler sin opción a compra”. Este es, junto al fomento de la gestión privada de la actividad inmobiliaria, el objetivo prioritario del programa electoral de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en materia de protección a la vivienda.

Tal.y como ha explicado su candidata al Congreso de los Diputados por Melilla, María Soledad Galán, esta es la fórmula adecuada para potenciar el acceso de los más desfavorecidos a una vivienda digna “ya que, de otro modo, les resultaría imposible acceder por las cuotas de entrada o porque se les niegue el crédito”.

Galán ha apoyado en datos su apuesta por el régimen de alquiler, asegurando que es la opción más económica, ya que su precio medio mensual está en torno a los 500 euros, 120 menos que el desembolso que supone hacer frente a una letra hipotecaria.

“Si los pisos bajan notablemente de precio, tal vez las ventas se animen”, ha señalado la aspirante al Congreso recordando que “los precios de la vivienda, que subieron un 155% entre 1995 y 2007, sólo han bajado un 22% desde que estamos en crisis”. Para ello, sería necesario que “aflorase el crédito de los bancos”, cuya caída es “dramática”. Ante esta situación, UPyD insiste en el alquiler como respuesta a la actual demanda de vivienda.

“El stock de vivienda sin vender”, ha proseguido la candidata a la Cámara Baja, “puede emplearse en la creación de un parque de VPO en alquiler”. Además, “se debe estudiar un procedimiento de opción a este tipo de viviendas y de revisión de la adjudicación a los beneficiarios en caso de incumplimiento posterior”, ha destacado.

Otras de las medidas que proponen en este ámbito son “un apoyo activo al incremento de la oferta de créditos hipotecarios con dación en pago de la vivienda para la amortización del crédito”; la regulación de los tipos de interés de demora en los préstamos hipotecarios, estableciendo un límite máximo; y la “modificación de la fiscalidad que penaliza la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria”.

Finalmente, Unión, Progreso y Democracia pretende “prohibir las prácticas abusivas de bancos y cajas en los préstamos hipotecarios”, extremando la vigilancia del Banco de España para evitar, por ejemplo, “la concesión de préstamos en condiciones preferenciales a directivos o a los compradores que pertenezcan a la propia entidad”.