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Tiempos de crisis.
UPyD cree que las administraciones son 'incapaces' de contratar a jóvenes desempleados
Guerra: “porque tenemos pocas empresas innovadoras que necesiten mano de obra cualificada, y porque la inversión en I+D+i es insuficiente e inconstante”.
Publicada en InfoMelilla el 29 de julio de 2011
InfoMelilla.com
Unión, Progreso y Democracia, en nota de prensa, considera que la economía española es “incapaz” de contratar a los cientos de miles de jóvenes graduados que entran cada año al mercado laboral “porque tenemos pocas empresas innovadoras que necesiten mano de obra cualificada, y porque la inversión en I+D+i es insuficiente e inconstante”.
Además, según los upedistas “soportamos un mercado de trabajo dual, con empleos estables protegidos y empleos precarios, que penaliza a los jóvenes porque las empresas prefieren contratos eventuales con despido barato”.
Emilio Guerra, coordinador local de la formación magenta, dice que “urge una reforma laboral que acabe con la dualidad: un contrato único que encarezca el despedido con el incremento de los años trabajados y anime a las empresas a contratar jóvenes”.
UPyD propone «concentrar los recursos disponibles en aquellos colectivos donde pueden ser realmente eficaces», como los trabajadores con menor cualificación y los que sufren periodos más largos de desempleo. Asimismo, plantea «particularizar todas las actividades formativas y de inserción para cada desempleado, teniendo en cuenta su situación y sus necesidades, y contrastándolas con las necesidades y demandas del mercado laboral» y «mejorar la eficiencia de los diferentes servicios de empleo en las comunidades autónomas».
En materia de FP, UPyD se marca como objetivo «facilitar la transición desde la formación hacia el empleo mediante una nueva Formación Profesional reglada que combine el estudio en el aula con las prácticas en las empresas», mediante la figura del aprendiz, que cobraría como un contrato en prácticas, exento de tributación de IRPF y de cuotas sociales.
Otra propuesta, finalizó Guerra, es la de «reducir drásticamente las ayudas, subvenciones y bonificaciones a la contratación», por considerar que han demostrado su «ineficacia e ineficiencia», salvo para casos concretos como el contrato de aprendiz.