UPyD: “El PP y el PSOE no afrontan de cara la corrupción política porque tienen mucho que ocultar”

En la recta final de la campaña electoral, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) tiene claras las cosas que no pueden quedarse en el tintero. Por eso, su candidata al Congreso de los Diputados por Melilla ha expuesto hoy, 17 de noviembre, las medidas que proponen en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y derecho a la información.

María Soledad Galán no ha dudado al afirmar que “buena parte del problema económico de este país se debe a la corrupción política”. Una corrupción que “ni el PP ni el PSOE quieren afrontar porque tienen mucho que ocultar” y que, según un informe elaborado por la ONG Transparency Internacional, está tan presente que España se sitúa en el número 30 del ranking internacional de corrupción en la gestión pública.

Para apostar “por la transparencia y la democracia”, UPyD propone “una ley de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública, la cual prevenga la corrupción en las administraciones públicas y en cualquier persona física o jurídica que tengan cualquier relación de interés privado con estas”.

El partido liderado por Rosa Díez quiere hacer de obligatoria publicidad “los presupuestos, la ejecución presupuestaria, los salarios de los funcionarios y de los gestores públicos, los gastos corrientes, los proyectos y sus seguimientos, las subvenciones, la contabilidad de las empresa públicas y demás aspectos relacionados con la gestión de los recursos públicos de las administraciones”.

A fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información, plantea “seguir el convenio para el acceso a los documentos oficiales del Consejo de Europa por parte de cualquier persona, a la que debe permitirse solicitar y obtener de forma sencilla, rápida y gratuita toda la información en poder de entidades publicas".

En este sentido, proponen la creación de “una plataforma de datos abiertos a disposición de los ciudadanos y empresas para la consulta de toda la información que está en poder de la administración –siempre y cuando no sea clasificada-”.

En la lucha contra la corrupción, UPyD solicita que “los imputados por delitos contra las administraciones públicas no puedan ser candidatos en procesos electorales”, así como “medidas penales contra administradores, directivos o empleados de empresas mercantiles, sociedades, asociación, fundación u organización privada con participación pública o que desempeñen funciones públicas implicados en casos de corrupción”.

“Es necesaria una nueva ley de exigencia de responsabilidad civil y penal para los casos de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constante que han ocultado deudas o impagos del órgano o la administración en la que tenían resposabilidad”, ha manifestado Galán.

Otras medidas que UPyD cree oportunas para combatir la corrupción en las administraciones públicas son “limitar la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, algo que –según señala la candidata al Congreso- ahora es practica habitual en permanente fraude de ley”.

Además de solicitar la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y concejal con la condición de diputado, senador y parlamentario autonómico o europeo, Marisol Galán ha pedido la “despolitización del Tribunal de Cuentas” para que este pueda ejercer “el control en exclusiva de la financiación de los partidos políticos”.