UPyD insta a a las administraciones central y local a solucionar el problema de los precios del barco

Unión Progreso y Democracia ha denunciado públicamente la política tarifaría de Acciona-Trasmediterránea, así como las ultimas subidas “escandalosas” del precio de los billetes para viajar por mar hacia o desde la Península.

El numero dos de la formación magenta en Melilla, Emilio Folgar, ha aseverado en rueda de prensa que el transporte marítimo es una necesidad básica para los melillenses y un derecho por el que deben velar el Gobierno y los que nos gobiernan.

Folgar ha dicho estar de acuerdo con el presidente en funciones de la Ciudad, Juan José Imbroda, en ese malestar con el Ejecutivo central, que es el que tiene las competencias y, según el upedista, el que debe velar y fiscalizar no solo la calidad del servicio, sino también los precios que pagan los melillenses por viajar en Barco.

UPyD ha tildado de “escándalo mayúsculo” la nueva medida de la compañía, en la que los paquetes turísticos están limitados en número por trayecto. Según Folgar, “lo que antes nos venía costando trescientos y poco euros, ahora nos cuesta quinientos sesenta y cuatro” algo que según el responsable de organización del partido magenta en Melilla, “deja a muchos ciudadanos sin la posibilidad de desplazarse libremente, ya que hay familias que no se lo pueden permitir”.

Desde Unión Progreso y Democracia, han considerado que una compañía que recibe unos 12 millones de euros en 2 años por el servicio publico y que además ingresa del Estado el importe de la bonificación a los residentes, no puede poner los precios a “su libre albedrío y abusar del bolsillo de todos los melillenses”.

Por tanto, Emilio Folgar en nombre de la formación magenta, ha instado al delegado del Gobierno a que tome cartas en el asunto de forma inmediata y al presidente de la Ciudad a que presione y utilice todas la herramientas que esten en su mano para solucionar esta “grave situación”, algo que según el numero dos de la formación, les consta que está haciendo el Ejecutivo autonómico.