Becerril destaca las buenas condiciones del CETI de Melilla pese a su saturación

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha resaltado hoy las "buenas condiciones" que tiene el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, pese a la saturación que sufre, con casi el doble de acogidos de su capacidad.

En rueda de prensa tras una jornada de trabajo en Melilla, ciudad que visita por primera vez desde que asumió el cargo de Defensora del Pueblo, Becerril ha valorado el esfuerzo de las autoridades españolas y de la ciudad autónoma por dar una "buena asistencia" a los inmigrantes, aunque considera que está "excesivamente ocupado".

La responsable de la Oficina del Defensor del Pueblo ha visitado, además del CETI, la frontera y la valla que separan Melilla de Marruecos, y ha destacado la necesidad de mejorar el tránsito de personas y de vehículos.

Según ha dicho, tanto el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, como el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, con los que se ha reunido, le han trasladado su preocupación por mejorar el tránsito fronterizo, una intención que, ha sostenido, debe tener también Marruecos para conseguir el objetivo de tener una frontera ágil.

Para Becerril, que ha viajado acompañada por su adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, desde España se está haciendo un "gran esfuerzo", pero ha recordado que Melilla es una ciudad fronteriza, puerta de entrada en Europa, lo que requiere que exista una mayor implicación por parte de la UE.

"Europa debe implicarse más", ha mantenido la Defensora del Pueblo, quien ha considerado que con un mayor apoyo de la UE en la frontera de Melilla la situación sería "más sencilla" para España.

Ha señalado que existen algunas quejas por parte de ONG y organismos de la ciudad sobre cuestiones de distinto ámbito, si bien no son muchas.

Una de las más importantes, según ha recordado, es la supuesta devolución a Marruecos de dos menores extranjeros no acompañados, un caso que, según ha aseverado, está siendo analizado por la Fiscalía y que, por tanto, la Oficina del Defensor del Pueblo no interviene hasta que no haya un pronunciamiento judicial.