CCOO considera inaceptable que la Atención a la Dependencia se convierta en un derecho de ‘quita y pon’

El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, modifica la Ley de Dependencia 39/2006, de 14 de diciembre, estableciendo la moratoria de un año para la incorporación de las personas con grado de dependencia moderada.

En opinión de CCOO, la nueva redacción implicará hacer de diferente condición a las personas dependientes de Grado I nivel 2, en función de cuándo hayan sido valoradas, antes o después de la entrada en vigor del RD-Ley 20/2011 (1 de enero de 2012), lo que resulta inadmisible por cuanto quiebra el principio de igualdad de acceso al derecho, máxime cuando en algunos territorios existe un evidente retraso en los plazos de valoración de la dependencia, que en ningún caso pueden ser imputables a las personas en situación de dependencia. Igualmente, supondrá un retraso en un año (ahora a partir de 2014) en la implantación de las coberturas establecidas para los dependientes de Grado I nivel 1.

Al instrumentalizar el Sistema de Atención a la Dependencia para la reducción del gasto público, CCOO cree que no se respeta el derecho subjetivo legamente reconocido. Recortar servicios y prestaciones de protección a la dependencia se aleja de las políticas a favor de las familias, de las personas con discapacidad y de los mayores que el gobierno ha comprometido como prioritarias.