Local · Política
Ceuta y Melilla solicitarán al Gobierno la modificación de leyes para concretar su capacidad de autogobierno
Además, han decidido pedir al Estado la reforma de una serie de normativas fiscales y la modificación del IPSI
Publicada en InfoMelilla el 20 de junio de 2012
Los gobiernos de Ceuta y Melilla han acordado solicitar al Ejecutivo central la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local con la idea de regular las competencias que ambas ciudades tienen para desarrollar su autogobierno. Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel Conesa, tras el encuentro que los presidentes de las dos ciudades, Juan José Imbroda y Juan Jesús Vivas, han mantenido esta mañana junto a otros miembros de sus gobiernos y en la que se han fijado ya actuaciones concretas a llevar a cabo de forma inmediata.
Sobre este primer asunto, ha señalado Conesa, los gobiernos de Ceuta y Melilla han comenzado a trabajar en la elaboración de la documentación que será presentada al Ejecutivo central y en la que quedará perfectamente bien reflejado el interés de las dos autonomías por desarrollar sus competencias de una forma eficaz.
Del mismo modo, las ciudades autónomas solicitarán al Gobierno central la modificación de una serie de normativas fiscales, como puede ser el impuesto de sociedades para poder concretar los rendimientos que las empresas obtienen en Melilla y sobre los que pueden beneficiarse de las bonificaciones fiscales, ya que si ese extremo no puede concretarse “la bonificación fiscal no sirve para nada”. Se trata, ha señalado Conesa, de una cuestión fundamental y “es una de las primeras cosas que vamos a plantear al Gobierno para que se modifique la correspondiente normativa”.
Por otra parte, el portavoz del Gobierno de Melilla ha asegurado que la modificación del IPSI y su conversión en una figura tributaria similar a la de Canarias es otro de los objetivos inmediatos de las ciudades autónomas, que han acordado la elaboración de un proyecto que, tras ser sometido a consideración ante las dos asambleas y los agentes sociales y económicos, será elaborado al Gobierno central.