El PSOE lamenta la nueva subida del paro y denuncia la mala gestión del Gobierno del PP

La vicesecretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ha lamentado públicamente el nuevo incremento que han experimentado las cifras del paro en Melilla, donde ya son 12.843 los desempleados después de que en el mes de octubre hayan sido 163 melillenses los que han pasado a engrosar las listas del paro.

La número dos de los socialistas melillenses ha censurado además que, a pesar de los malos datos, el Ejecutivo del Partido Popular “se ha dedicado a recortar las políticas activas de empleo y ha disminuido en dos millones de euros la partida para Planes de Empleo”.

Además, ha dejado claro que la Reforma Laboral impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy “no está teniendo un efecto positivo, habida cuenta de que se sigue destruyendo empleo y está sirviendo para que, el que se genera, sea más precario”. En este sentido, ha lamentado que el empleo juvenil que se está creando sea en base “a contratos precarios y condiciones laborales pésimas”.

Desahicios

Por otra parte, la socialista ha hecho mención a la proposición de ley presentada por su Grupo en el Congreso de los Diputados contra el desahucio, la insolvencia y el sobreendeudamiento familiar, y ha dejado claro que “hay que parar de una vez por todas los desahucios y establecer moratorias que permitan que hablemos de un rescate ciudadano, que supongan poner a las personas en primer lugar, y a las entidades financieras en segundo lugar”.

La número dos de los socialistas melillenses ha dejado claro que perder la vivienda por no poder pagarla “es un paso evidente y rotundo para la exclusión social”. Ante una situación que, desgraciadamente se está dando, el PSOE ha presentado esta propuesta y ha pedido al Gobierno “consenso y celeridad” en la tramitación.

“Se pretende convencer a los bancos que reciben dinero del Banco Central Europeo al 0 por ciento de interés y con un periodo de carencia de 3 años, que trasladen ese tratamiento a quienes tienen dificultades en paga sus hipotecas”, ha explicado Rojas.

Los socialistas, ha dicho, pretenden resolver los problemas derivados de la insolvencia sobrevenida no dolosa yendo más allá de la exigencia de permitir la dación en pago, que soluciona sólo una parte del problema, así como tomar medidas para evitar el sobreendeudamiento en el futuro.

“Con esta Proposición de Ley se pretende favorecer la cultura del acuerdo entre entidades y solicitantes de la hipoteca, de tal forma que se determine cómo un insolvente no doloso puede hacer frente a sus obligaciones de un modo razonable y riguroso”, ha señalado.

Ampliar el umbral de exclusión

Tal y como ha explicado la dirigente socialista, lo que se pretende con esta iniciativa es que se establezcan nuevas condiciones para que el deudor pueda hacer frente al pago de su deuda en más tiempo y, en caso de la dación en pago, con la posibilidad de continuar usando su vivienda familiar, abonando un arrendamiento social.

“No se pretende legalizar el impago o la irresponsabilidad, se trata de conceder el mismo trato que recibe una sociedad o un comerciante individual, al deudor persona natural que ha derivado hacia la insolvencia no dolosa de un modo imprevisto, sin condenarle a la exclusión social”, ha razonado.

Así, tal y como ha concretado Rojas, la iniciativa prevé medidas concretas como ampliar las garantías contenidas en el código de buenas prácticas de las entidades bancarias haciéndolas obligatorias para las que reciban apoyo público o ampliar el umbral de exclusión a aquellas familias que perciben rentas derivadas del trabajo o actividades económicas que no superen en dos veces y media el IPREM –el salario mínimo interprofesional-.

Además, se pretende establecer un acuerdo entre deudor y acreedor, denominado Convenio de Acreedores con Intervención Notarial, que recogerá la posibilidad de continuar el deudor en el uso de la vivienda familiar bajo cualquier fórmula que se recoja, lo que en otros países de nuestro entorno se denomina ‘Ley de segunda Oportunidad’.

Rojas ha hecho hincapié en la necesidad de el Ejecutivo apoye esta iniciativa y que esta ley se lleve a cabo porque no hacerlo “sería una gran irresponsabilidad social por parte del Gobierno del PP”.