El Tribunal Supremo archiva una denuncia contra tres ministros por el desalojo de la Isla de Tierra

El Tribunal Supremo (TS) ha archivado una denuncia presentada contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; el de Defensa, Pedro Morenés; y el de Interior, Jorge Fernández Díaz, a los que se acusaba de una presunta prevaricación en el desalojo de 71 inmigrantes de la Isla de Tierra.

La denuncia fue presentada por el abogado Alberto Jorge Revuelta Lucerga, que dijo actuar en nombre y representación de la entidad Pro Bono del Comité René Cassin, aunque no lo acreditó, razón por la que la Sala de lo Penal del TS consideró que sólo procedía tenerle por un denunciante en nombre propio.

Revuelta Lucerga interpuso una denuncia contra los tres ministros, a los que imputó un delito de prevaricación administrativa por el desalojo de los 71 inmigrantes durante una operación efectuada por la Guardia Civil, "cumpliendo órdenes del Gobierno de España", que entregó a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos.

En la denuncia, el abogado recuerda que aquellos inmigrantes habían llegado a la Isla de Tierra, de soberanía española desde 1673, entrando "por un lugar no autorizado" en un desembarco de 19 subsaharianos el 30 de agosto, a lo que siguió la llegada de otros 68 el 1 de septiembre.

De esos inmigrantes, 71 fueron entregados en la operación del 4 de septiembre a las autoridades marroquíes, las cuales "procedieron a la expulsión inmediata" a través de la frontera con Argelia, cerca de Oujda, en lugar de repatriarlos a sus países de origen.

El letrado apoya su denuncia en la información facilitada por voluntarios del Comité René Cassin y otras asociaciones no lucrativas de Melilla, así como de la información aparecida en medios de comunicación nacionales y extranjeros, entre ellos los telediarios de TVE, que mostraron "las imágenes de los hechos relatados".

El TS interpreta en su auto que se trata de "una denuncia presentada por un ciudadano sobre hechos que conoce por los medios de comunicación" y niega el carácter delictivo a los hechos, al considerar que falta concreción al aplicar a los hechos la doctrina de otras sentencias anteriores.

A ello "se une que la responsabilidad del ministro de Defensa tiene su origen en el hecho de que la Isla de Tierra está sometida a su jurisdicción, la del de Asuntos Exteriores deriva de las negociaciones y acuerdos alcanzados con Marruecos, y la del ministro del Interior en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están bajo su dirección".

Además, "no consta actuación administrativa alguna" dado que atribuye a los denunciados "genéricas responsabilidades por razón de su cargo", de modo que los hechos no revisten "ni siquiera indiciariamente caracteres típicos de tal delito ni de ningún otro", afirma el auto del TS antes de ordenar el archivo de las actuaciones.

La decisión del TS coincide con la petición del Ministerio Fiscal de que se procediera "sin más trámites" a rechazar el escrito-denuncia del abogado Alberto Jorge Revuelta Lucerga, decretando su archivo.