Grande-Marlaska deja claro en Melilla que los gastos de cualquier administración deben estar debidamente controlados y auditados

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, considera necesario que los gastos de cualquier administración estén debidamente controlados y auditados, incluidos los de la justicia, una afirmación que ha realizado esta mañana Melilla tras ser preguntado por el caso Dívar.

Grande-Marlaska, que se encuentra en la Ciudad Autónoma participando en las XIX Jornadas de Derecho ‘Enrique Ruiz-Vadillo’, ha evitado hacer valoración alguna sobre la polémica que rodea al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ya que “es un tema del órgano de Gobierno de los jueces”.

Sin embargo, tras dejar claro que la dimisión o no de Dívar es una decisión que tan sólo compete al propio presidente del CGPJ, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado la necesidad de que exista un órgano que se encargue de controlar los gastos que realiza cada administración, así como un órgano externo que también lleve a cabo un control.

“Siempre digo que se puede controlar mucho y mejor en el ámbito público y privado, aún tenemos que aprender mucho en esa materia”, ha concluido Grande-Marlaska.

También sobre asunto se ha pronunciado el portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrado Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, quien ha reconocido el momento un tanto peculiar de “inestabilidad y zozobra” que se está viviendo actualmente en el ámbito jurídico.

“Hay una grave crisis institucional abierta dentro del máximo órgano de representación de la judicatura”, ha señalado González Armengol, quien sin embargo confía en que sea esta misma semana cuando se ponga el punto y final a la situación y poner continuar así con un discurrir de la justicia “tranquilo y exclusivamente vinculado a lo que debe importante al ciudadano en momentos de crisis económica, y dedicar nuestra actividad al empeño de mejorar la administración de justicia, que desde la puesta en funcionamiento de la democracia presenta graves problemas estructurales”.