Melilla acata la sentencia del TS, pero no la comparte porque "hay fundamentos jurídicos avalados por otros jueces que nos dan la razón”

El Gobierno de Melilla acata, aunque no comparte, de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) por la que se elimina la figura de los agentes de movilidad y medioambientales del Reglamento de la Policía Local, y anuncia un posible recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

El encargado de valorar esta sentencia, emitida el pasado 16 de marzo, ha sido el vicepresidente primero del Gobierno local, Miguel Marín, quien ha recordado que es fruto del recurso presentado por el anterior delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, ante el TS después de que ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dieran previamente la razón a la Ciudad Autónoma, dando validez jurídica a la inclusión de los dos cuerpos de seguridad en el Reglamento de la Policía Local.

Aquella sentencia del TSJA, ha señalado Marín, dejaba claro que dicho Reglamento se ajustaba a derecho y se amparaba en el Estatuto de Autonomía y en el Estatuto Básico del Empleado Público, lo que indicaba que “el Gobierno de Melilla hizo las cosas de forma correcta”. Sin embargo, el delegado del Gobierno decidió recurrir al Supremo, que ahora se pronuncia con una sentencia que el Gobierno local respeta y acata, pero “no la compartimos porque hay fundamentos jurídicos avalados por otros jueces que nos dan la razón”.

Al hilo de esto, Miguel Marín ha dejado claro que con esta sentencia del TS han quedado en evidencia los mecanismos administrativos que la Ciudad Autónoma tiene en cuanto a capacidad de organización y potestad reglamentaria; unos mecanismos que son inferiores, en muchos casos, a los de corporaciones locales y que el Gobierno melillense quiere enmendar. La solución podría pasar por la reforma del Estatuto de Autonomía, ha dicho, sin embargo ello supondría un trámite bastante complejo, con lo que el Ejecutivo apuesta por fórmulas muchos más rápidas y directas a llevar a cabo aprovechando las buenas relaciones con el Gobierno central.

En definitiva, si hay algo tiene claro el Ejecutivo melillense es que “es injusto” que haya ayuntamientos con menor número de habitantes que tiene mayor capacidad normativa que Melilla, que posee Estatuto de Autonomía propio, con lo que el problema debe ser resuelto.

Multas

Respecto a los rumores que corren por la ciudad sobre la invalidez de las multas que los agentes de movilidad han puesto durante el tiempo que han estado ejerciendo su labor, Marín ha asegurado que se trata de otra maniobra con la que se intenta intoxicar a la opinión pública, ya que “las multas tienen efectos legales porque el reglamento en su día estaba en vigor”.

Respecto a la situación en la que quedan los agentes de movilidad y medioambientales, Marín ha asegurado que la Consejería de Administraciones Públicas está estudiando el asunto para darle una solución.