PPL rechaza el Reglamento por “traspasar la línea roja de la Ley de Bases del Régimen Electoral”

El portavoz del grupo parlamentario de Populares en Libertad (PPL) ha comparecido públicamente esta mañana, 9 de marzo, para enumerar los motivos que llevan a la formación a rechazar la reforma del Reglamento de la Asamblea, destacando entre ellos que “el Gobierno ha traspasado la línea roja de la Ley de Bases del Régimen Local”.

Por este motivo, asegura Julio Liarte, hubieran seguido votando en contra “aunque el régimen económico se mantuviera”. Y es que, advierte, la modificación no contempla la participación ciudadana ni la publicación de la declaración de los bienes de los diputados que establece dicha ley.

Tampoco está satisfecho con ideas como la “suspensión de derechos” de los diputados a modo de sanción o con que no se haya hecho más por el derecho a la información de los diputados. “Es indignante que para visualizar un expediente de 500 folios tenga que copiarlo a mano”, señala, denunciando que esto no ha cambiado.

Muchas son las divergencias de PPL con el Reglamento, como que las mociones de la oposición puedan ser desestimadas en comisión sin que se obligue a su discusión en el pleno. En este sentido, recuerda que “las comisiones son, como su propio nombre indica, informativas y no pueden ser resolutorias”.

Otra de las críticas que emiten se dirige hacia la decisión de no someter el borrador del mismo al dictamen previo del Consejo de Estado: “La Ley lo impone y además sería sumar una opinión muy fundamentada para intentar que la normativa cumpla los preceptos legales”, insiste el diputado.

Liarte asegura que el Gobierno local no ha aceptado casi ninguna de sus propuestas en la comisión del Reglamento y que no le ha permitido exponer la alternativa desarrollada por su partido. En ella, defendían un Reglamento “fruto del consenso, con vocación a largo plazo, válido para distintas composiciones de la Asamblea” y que incorporase las últimas modificaciones de la legislación local.

Su propuesta pasaba por modificar el tratamiento protocolario a los miembros del Gobierno, autorizar a los diputados la consulta de los datos de la contabilidad municipal, consagrar el derecho de asistencia jurídica a los diputados y definir sus derechos económicos, luchar contra el transfuguismo, regular la mesa de la asamblea, dar mayor protagonismo a la Junta de Portavoces, y nombrar un vicepresidente segundo, sin remuneración, en las comisiones.