UPyD apuesta por impulsar y armonizar la Oficina Judicial y la informatización de la justicia

El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra, ha informado hoy sobre la presentación en el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley por parte de su formación política para poner en marcha las reformas legales necesarias para impulsar y armonizar la Oficina Judicial y la informatización de la justicia.

UPyD recuerda que tradicionalmente en el sistema judicial español se llama Secretaría al lugar en el que se materializan las resoluciones judiciales, donde se llevaba a cabo todo el trabajo de apoyo a la función jurisdiccional. Sin embargo, desde hace ya décadas se inició una corriente que propugnaba la aplicación a los órganos jurisdiccionales de las técnicas de organización y producción que se utilizan en las empresas privadas, separando para ello lo jurisdiccional de lo que no llega a configurarse como tal por tener una mayor naturaleza administrativa.

Guerra considera que desde el año 2001 hasta la actualidad se han sucedido infinidad de reformas y proyectos, se han destinado cantidades “ingentes” de dinero -más de 400 millones de euros solo en la anterior legislatura-, “pero la Oficina Judicial sigue siendo un absoluto fracaso, al que es hora de hacer frente de una vez por todas, en aras de la igualdad y la eficiencia”. Según UPyD, la institución, el diseño e implantación de la Oficina Judicial se ha dividido entre dos administraciones “que carecen en la práctica de relación jerárquica de ningún tipo y, también de la más mínima coordinación”.

La formación magenta cree que “resulta imprescindible” residenciar en el Ministerio de Justicia la competencia para el diseño, creación, organización de los servicios y establecimiento de las dotaciones básicas tanto de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) como a los Servicios Comunes Procesales, dando una estructura coherente y armonizada a la Oficina Judicial.

UPyD insta al Gobierno a modificar el artículo 438.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial a fin de residenciar única y exclusivamente en el Ministerio de Justicia una administración común. Reformar el artículo 464.3 LOPJ, a fin de que los secretarios de Gobierno de los TSJ de las comunidades autónomas puedan ser tan sólo nombrados y removidos por el Ministerio de Justicia. Además, aboga por llevar a cabo las modificaciones legales y las que sean necesarias poner en marcha “un verdadero plan para la informatización y digitalización de la justicia mediante un sistema coordinado y compatible en todo el territorio nacional”.